El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Ejecutivo central.
El pleno del tribunal de garantías anula parcialmente, de este modo, el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda porque considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".
La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.
