La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela interrogará este viernes al que fuera mayor de los Mossos dïEsquadra Josep Lluís Trapero, como investigado por un nuevo delito de sedición por su actuación en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Su entonces subordinado y hoy responsable del cuerpo, Ferran López, tendrá que declarar como testigo. La magistrada imputa a Trapero un nuevo delito de sedición por la pasividad de los agentes autonómicos durante la jornada del 1 de octubre de 2017.
Según Lamela, la pasividad de la fuerzas policiales autonómicas permitió que se celebrase el referéndum independentista. La magistrada amplía así la investigación al 1-O y ha citado de nuevo a declarar a Trapero y a su sucesor, que en su primera declaración defendió la actuación del que fuera su superior jerárquico.
ACOSO A LA GUARDIA CIVIL
Trapero estaba imputado por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando un importante número de manifestantes rodeó la sede de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, impidiendo la salida de la comisión judicial que estaba procediendo al registro de las dependencias por orden de un juez de Barcelona.
La secretaria judicial tuvo que ser evacuada por los Mossos a través de un edificio colindante, después de más de 20 horas confinada en la Consejería. Los manifestantes estuvieron allí más de un día y provocaron graves destrozos en tres vehículos oficiales de la Guardia Civil.
ZOIDO SE SINTIÓ "ENGAÑADO" POR TRAPERO
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció este jueves que se sintió "engañado" por el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, puesto que confiaba en que ayudaría a impedir el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre como habían ordenado los jueces.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Zoido se refirió a que como él se sintieron "engañados" por Trapero otros representantes del Estado, desde fuerzas policiales a jueces y fiscales, que emplearon mucho tiempo "diseñando" y "organizando" el dispositivo para impedir la consulta secesionista del 1-O.
"Cada uno de los cuerpos tenía unas obligaciones que asumir", apuntó el ministro, quien indicó que Trapero y el entonces director general de los Mossos, Pere Soler, no cumplieron con su obligación. Añadió que esto hizo que la "primera medida" que tomó Interior tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución fuera cesar a Trapero.
"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"
En cuanto a las cargas de Policía Nacional y Guardia Civil el 1-O, el ministro señaló que fueron consecuencia de las decisiones judiciales que ordenaban impedir el referéndum ilegal, algo que los responsables de los Mossos no cumplieron con su obligación.
Respecto a si las imágenes de agentes cargando en puntos de votación perjudicó el prestigio exterior de España, Zoido señaló que "en un principio sin duda alguna produjo una confusión" en el extranjero. Sin embargo, afirmó que después el Estado español logró una ventaja "evidente", ya que "lo que quisieron vender" los independentistas en otros países "nadie se lo ha comprado".
El ministro también defendió que "responsabilidades políticas" por las cargas del 1-O las deben asumir el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los mandos policiales y políticos de los Mossos que no cumplieron con las órdenes de los jueces.
