El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones a la Fiscalía Superior de Cataluña para presentar querella por el proceso participativo del 9N en Cataluña, pero el fiscal superior catalán se ha opuesto al no considerarlo procedente.
Por este motivo, Torres-Dulce ha convocado una junta de fiscales de sala tras recibir la comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña, en la que indica que "por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana", ha informado la Fiscalía General en un comunicado.
La reunión de la cúpula fiscal se realiza en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha recibido 12 denuncias procedentes de varios juzgados catalanes en contra del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia por el 9N, y las ha remitido a la Fiscalía para que informe sobre si las deben admitir a trámite.
Según ha informado el TSJC, las primeras doce denuncias, todas ellas de fuera de la ciudad de Barcelona, proceden de los juzgados de Martorell (Barcelona), Terrassa (Barcelona) y Gavà (Barcelona), donde los jueces se han inhibido hacia el alto tribunal catalán, dada la condición de aforado de presidente de la Generalitat.
SE REMITIRÁN A LA FISCALÍA
La sala civil y penal del TSJC, que ha designado a un ponente por cada una de las denuncias presentadas, siguiendo el turno de reparto establecido en el reglamento del alto tribunal catalán, remitirá los escritos contra Mas a la Fiscalía, para que el ministerio público informe sobre si son favorables a su admisión a trámite o no.
Una vez que la Fiscalía responda, se constituirá una sala de admisiones, integrada por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y otros dos magistrados, de los que uno será ponente.
La sala de admisiones será la encargada de resolver si acuerda la admisión o no de las denuncias presentadas contra Mas por desobediencia por mantener el proceso de participación ciudadana del 9N pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno. Si las denuncias se admiten a trámite, el juez designado ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa.
Las denuncias que han empezado a llegar hoy al TSJC, al inhibirse los juzgados de instrucción de varias jurisdicciones catalanas, las presentaron asociaciones políticas, entidades sociales y ciudadanos a título personal en contra de la celebración del proceso participativo del 9N.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ante las decenas de denuncias presentadas en juzgados de toda Cataluña contra el Gobierno catalán por el 9N, la Fiscalía ha pedido a los jueces de instrucción que se inhiban a favor del TSJC, por lo que en los próximos días podrían llegar al alto tribunal catalán más denuncias contra Mas.
Paralelamente, la Fiscalía Superior de Cataluña está estudiando en los últimos días un borrador de querella que les ha remitido la Fiscalía General del Estado contra Mas y varios consellers del gobierno catalán, ante la que varios fiscales catalanes han mostrado sus reticencias.
Además, la Fiscalía también tiene encima de la mesa desde hace varias semanas una querella de Manos Limpias en contra de Mas por la celebración del 9N, pese a la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, en este caso por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y sedición.
Durante la jornada del 9N, varios jueces de guardia de poblaciones como Barcelona, Tarragona, Badalona (Barcelona) y Mollet del Vallès (Barcelona) rechazaron ordenar la retirada urgente de las urnas del proceso participativo, como reclamaban varias denuncias, al entender que sería una medida desproporcionada.
No obstante, algunos jueces, como por ejemplo el de instrucción número 3 de Barcelona, admitió a trámite la denuncia contra Mas y los consellers de Interior, Ramon Espadaler, y de Educación, Irene Rigau, -en este caso presentada por UPyD-, aunque ya anticipó que, dada la condición de aforados de los denunciados, correspondería enjuiciar los hechos al TSJC.
