El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha anunciado que se investigará la "filtración" de la decisión del alto tribunal de anular la puesta en libertad del etarra Alberto Plazaola, que había sido decretada por la Audiencia Nacional, cosa que permitió al etarra abandonar su domicilio antes de ser detenido.
"Yo como presidente del Tribunal Supremo voy a pedir la apertura de investigación sobre esta filtración, trataremos de identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la Justicia", ha dicho.
Lesmes se ha expresado así antes de participar en unas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos y ha recalcado que, si bien el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen una política de comunicación "amplia", ésta sigue siempre los canales oficiales, con "neutralidad informativa y preservando el interés de la justicia".
LA ORDEN DE DETENER A PLAZAOLA LLEGÓ 4 HORAS DESPUÉS DE CONOCERSE AUTO DEL SUPREMO
Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de detener al etarra Alberto Plazaola a las 17.22 horas del martes, más de cuatro horas después de que se divulgara por los medios de comunicación a través de teletipos, a las 12.56 horas, la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba su puesta en libertad.
En un comunicado divulgado después de la polémica surgida en torno a la fuga del etarra, el Ministerio del Interior deja claro que "durante esas horas no existe posibilidad jurídica" de detener a Plazaola, mientras que a las 20.44 horas se recibió el auto judicial que autorizaba la entrada y registro del domicilio, en la localidad guipuzcoana de Oñate, y proceder al arresto de Plazaola.
Pero para entrar se necesitaba la presencia de la secretaria judicial de Bergara que no llegó hasta las 23.05 horas, momento en el que agentes de la Policía y la Guardia Civil entraron y registraron el inmueble hasta las doce de la noche con resultado negativo.
"Desde entonces se mantiene un dispositivo policial intensivo para la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión de Alberto Plazaola", continúa el comunicado que subraya que las fuerzas de seguridad han cumplido inmediatamente las órdenes que han sido emitidas desde el órgano jurisdiccional competente, con el dispositivo y los medios necesarios para su cumplimiento.
Y apostilla que "por supuesto" tanto la Policía como la Guardia Civil actúa "en todo momento dentro de la legalidad vigente, que impide llevar a cabo una detención o un registro domiciliario sin la preceptiva autorización judicial".
Interior también puntualiza que la situación de "plena" libertad, es decir sin ningún tipo de medida cautelar ni condición alguna, en el que se encontraba Plazaola desde el 4 de diciembre no queda "en ningún modo condicionada por estar pendiente de resolución un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Audiencia Nacional que ordenó la puesta en libertad.
En consecuencia, añade el ordenamiento jurídico, "no permite establecer dispositivos de vigilancia policial permanente sobre personas que se encuentran en situación de libertad".
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo hoy que la Policía no podía vigilar sin incurrir en una ilegalidad al etarra Alberto Plazaola, en busca y captura desde que el Tribunal Supremo anulase su excarcelación, porque estaba en libertad sin condiciones."Si se hubiera hecho otra cosa se habría incurrido en una ilegalidad", señaló el ministro a su llegada al Consejo de ministros europeos de Interior que se celebra hoy en Bruselas.
Fernández Díaz recordó que Plazaola no estaba en libertad condicional, sino en libertad sin condiciones, por lo que no tenía medidas de seguridad decretadas por la autoridad correspondiente y vigilarle habría supuesto incurrir en una ilegalidad.
El ministro explicó que para delitos contra la libertad o de carácter sexual ya se está tramitando en el Congreso la reforma del código penal, para que se puedan ejercer medidas de seguridad sobre aquellas personas que se teme que vuelvan a delinquir. "Si a la Policía o la Guardia Civil se le hubieran dado órdenes en cuanto a mantener una seguridad sobre esa persona (Plazaola), evidentemente esa persona hubiera sido vigilada y detenida en el momento que la autoridad judicial lo ha dispuesto", añadió.
El ministro evitó comentar si pasó demasiado tiempo desde que se supo la noticia hasta que se dio la orden de arresto a la Policía, y se limitó a decir que no tiene por norma cuestionar las decisiones judiciales. "Cuando se recibió la correspondiente orden, en este caso se puso en marcha el dispositivo de vigilancia para detenerlo y ponerlo a disposición judicial", aseguró.
Sobre la decisión de anular la excarcelación, Fernández Díaz dijo tener "absoluto respeto" por los tribunales españoles, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, y confió en que no ocurra como con la doctrina Parrot que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"No tengo la menor duda de que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ajustado a derecho", recalcó, al tiempo que aseguró que si hay un sistema judicial especialmente garantista en la UE es el español. "Confío en que no se reproduzca lo que se produjo con la derogación de la doctrina Parrot, que nosotros hemos acatado porque fue una decisión del Tribunal Europeo de Derecho Humanos", afirmó.
EL PSOE ASEGURA QUE CONFÍA EN EL GOBIERNO ANTE LA FUGA DEL ETARRA PLAZAOLA
El portavoz del PSOE, Antonio Hernado ha asegurado en el Congreso que el partido socialista confía en la actuación del Gobierno en lo que tiene que ver con la fuga del etarra Alberto Plazaola, y no dará "ningún paso más" en este sentido. Hernando ha afirmado que los socialistas siempre han confiado en el Ejecutivo y en el Ministerio de Interior en el caso de este etarra y, por tanto, no cuestionan su labor.
Las fuerzas de seguridad tratan de localizar al etarra Plazaola, en busca y captura después de que el Tribunal Supremo anulara ayer su excarcelación decretada en diciembre por la Audiencia Nacional en virtud de una normativa europea.
