El capitán, la asegurada, y la compañía propietaria del Prestige deberán abonar al Estado, a Francia, a la Junta de Galicia y a otros particulares 1.500 millones de euros como principales afectados por el derramamiento del fuelóleo que se extendió por 2.600 kilómetros de costa.
El petrolero, que se hundió en el año 2002 provocó una de las mayores catástrofes medioambientales que ha sufrido nuestro país, por ello, el Tribunal Supremo fija una sentencia por la que la compañía propietaria del barco deberá abonar todas las indemnizaciones reconocidas, las cuales deben comprender los intereses por los daños, además de los intereses procesales devengados a partir del pronunciamiento sobre responsabilidad civil.
Por otra parte, el Fondo Internacional de indemnizaciones por este tipo de vertidos (FIDAC), ha recibido por parte del Supremo la ratificación de que, efectivamente, su responsabilidad responde a daños materiales, pero en ningún caso a daños medioambientales y morales.
En cuanto a la Xunta de Galicia, la cantidad a recibir será menos de la que se indicaba en el auto de la Audiencia, ya que reconoce los 1,1 millones de euros, correspondientes a la eliminación de residuos que provocó el petrolero, pero no los 751.555€ a la puesta en marcha del plan, al no haber sido solicitada esta segunda cantidad mediante juicio.
