La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido este jueves a trámite la demanda del Gobierno contra Sortu y ha acordado dejar en suspenso los trámites para su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tal y como prevé la Ley de Partidos. Así lo ha acordado la sala especial del Supremo menos de cinco horas después de que el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, registrara en el Alto Tribunal la demanda, en la que sostiene que el rechazo al terrorismo de la nueva marca abertzale es "cosmético" y que forma parte de una estrategia de la que ETA es "motor" y actor principal.
En una providencia notificada este jueves, la sala del 61 también da traslado de la demanda a la Fiscalía y a Batasuna -ya que la demanda se presenta como un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a esta formación- y emplaza a Sortu para que pueda personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La Sala del 61 ha acordado comunicar al Ministerio del Interior la admisión a trámite de esta demanda a los efectos previstos en los artículos 4.2 y 5.6 de la Ley de Partidos, que establece que su admisión determina la suspensión automática del plazo de veinte días previsto para inscribir como partido político a Sortu.
Además, se ha nombrado como ponente de este procedimiento al magistrado Carlos Lesmes y se ha decidido comunicar a las partes la composición de la sala especial.
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Horas antes, a las diez y cuarto de este jueves, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, acudió al Tribunal Supremo para entregar la demanda contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, al entender que esta formación está siendo utilizada "tácticamente" por el complejo ETA-Batasuna para acudir a las próximas elecciones municipales y forales.
La demanda se interpone empleando la vía del incidente de ejecución de sentencia, un procedimiento que también tiene previsto iniciar la Fiscalía para tratar de impedir que Sortu pueda registrarse en el Ministerio del Interior y concurrir a los comicios.
"Es la izquierda abertzale-Batasuna la que se presenta", ha explicado a los periodistas tras presentar la demanda De Fuentes Bardají, quien ha hecho hincapié en que "el complejo ETA-Batasuna utiliza tácticamente Sortu como medio de estar en las elecciones y, por lo tanto, en las instituciones locales y forales a partir de mayo".
Ha añadido que el trámite de resolución de este asunto durará en torno a un mes y que de hecho hoy mismo va a constituirse el tribunal competente para decidir sobre este asunto, que es la denominada Sala del 61, que además podría decidir a lo largo de la mañana si admite a trámite la demanda. Esta admisión supondría dejar en suspenso la obligación que tiene Interior de decidir si registra o no el partido mientras el alto tribunal resuelve sobre el fondo del asunto.
De Fuentes Bardají ha añadido que tiene entendido que la Fiscalía presentará su demanda contra Sortu la próxima semana, por lo que "antes del proceso electoral de mayo el asunto estará resuelto", ha dicho.
CINCO CONEXIONES
La demanda presentada en el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado para que Sortu no sea inscrito en el registro de partidos políticos incluye, entre otros indicios que acreditarían que la formación está al servicio de ETA, cinco "conexiones directas" con la banda terrorista. Entre ellas, figuran la aparición en los documentos intervenidos al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", del nombre de una de las promotoras de Sortu "como persona que ha estado en conversaciones para entrar en ETA" o el hecho de que otro de los promotores sea titular de una cuenta bancaria utilizada para el depósito de fondos destinados a ayudar a presos de la banda.
La que sigue es una relación de esas cinco "conexiones directas" de Sortu con ETA:
- La conversación mantenida en prisión entre el abogado navarro José María Compains, integrante del grupo promotor de Sortu, y su hijo Eneko, miembro del aparato político de ETA, Ekin, que en un momento dado, e identificando a Batasuna con esta última organización, dice: "Les tenemos donde queríamos".
- El nombre de Sonia Respaldiza Bombín, miembro también del grupo promotor de Sortu, aparece citado en los documentos intervenidos a "Susper", donde se menciona que su incorporación a la banda "podría incluir hasta su integración en un comando armado ('dar leña')".
Esto evidencia, según la Abogacía, el "alto grado de radicalidad" que Respaldiza -una de las diez personas que presentó públicamente Sortu en Bilbao el pasado 8 de febrero- "habría mostrado ante los miembros de ETA encargados de la captación de nuevos integrantes".
- La asistencia de los abogados Iñaki Goyoaga Llano y Arantza Zulueta -de la que el Gobierno dice que "durante muchos años ha sido una de las más estrechas y fieles colaboradoras de ETA y con una gran ascendencia entre las distintas organizaciones del entramado etarra"- al acto de presentación de Sortu en el Palacio Euskalduna de Bilbao del pasado 7 de febrero.
Ambos letrados se encuentran actualmente en libertad bajo fianza acusados de formar parte de Halboka, la estructura creada por ETA para controlar a su colectivo de presos, transmitirles consignas y evitar disidencias.
- Otro de los miembros del grupo promotor de Sortu, José Javier Artola, es titular de una cuenta bancaria en la Caja Laboral Popular que fue utilizada "para el depósito de fondos destinados a ayudar al colectivo de presos de la organización terrorista ETA", y concretamente a los procesados en el "macrosumario" 18/98.
Desde la cuenta, que se nutre con aportaciones de personas vinculadas a la Universidad, se transfirieron fondos a procesados como el dirigente de KAS (antecesora de Ekin) Xabier Alegría, Patxi Xabier Arregi Iparragirre, Olatz Altuna -condenada por la Audiencia Nacional como responsable de la Fundación Joxemi Zumalabe y absuelta luego por el Tribunal Supremo- o Mikel Iruskieta.
- Las personas que registraron los estatutos de Sortu en el Ministerio del Interior el pasado 9 de febrero se desplazaron a Madrid "utilizando vehículos alquilados por dos personas ligadas al complejo ETA-Batasuna, una de ellas condenada por delito continuado de terrorismo y actualmente procesada por integración en organización terrorista".