El juez Elpidio José Silva ha logrado aplazar su declaración como imputado por un delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de los correos de Miguel Blesa al recusar a la instructora de la causa, Susana Polo.
A su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el abogado de Silva, Gonzalo Boyé, ha explicado que ayer pidió el aplazamiento de la comparecencia porque tenía otro señalamiento, y también reclamó apartar a la magistrada Susana Polo de esta investigación, solicitud en la que su defendido se ha ratificado en su breve comparecencia de esta mañana.
El motivo para esta nueva recusación radica esta vez en que Polo ya resolvió algunas cuestiones en el otro procedimiento que tiene abierto por supuesta prevaricación durante su investigación al exbanquero, entre ellas, la de impedir al acusado el acceso a los correos corporativos de Blesa porque afectaban al ámbito de su intimidad.
"Por lo tanto, ella ha decidido cuál es el objeto de la investigación y ahora no puede participar", ha dicho Boyé, que ha añadido que tampoco podrán resolver ninguna cuestión en esta causa ninguno de los magistrados que han intervenido en la otra.
Ahora, Susana Polo deberá resolver sobre el incidente de recusación, aunque su decisión será recurrible ante la Sala Civil y Penal del TSJM. No obstante, la magistrada ha mantenido la citación de ocho testigos para los próximos viernes y lunes, varios de ellos abogados, que podrían haber sabido que el juez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".
Polo imputó a Silva a instancias del Ministerio Público y después de que un informe policial del 22 de mayo apuntara a que cometió un delito de revelación de secretos por la difusión de los correos en varios medios de comunicación a finales del año pasado, cuando la Audiencia Provincial ya había anulado la causa del crédito a Marsans.
Silva está suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación al otro procedimiento que tiene abierto en el TSJM por un delito de prevaricación continuada, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de la Administración de Justicia por su investigación al exbanquero, por el que será juzgado a partir del próximo 7 de julio.
