El Pleno del Senado ha dado luz verde definitiva a la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, una modificación pactada entre PP y PSOE que sólo ha obtenido el apoyo de UPN. La reforma ha cosechado 233 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, superando así los tres quintos de la Cámara requeridos. Los portavoces del PP y el PSOE en el Senado han defendido la reforma constitucional como una garantía para el futuro del Estado de bienestar y como una decisión que debe acometerse por "responsabilidad política" y de forma urgente para lograr que sea efectiva. Los nacionalistas reiteraban su rechazo ante el temor de que lesione su capacidad de autogobierno. Desde las filas de Entesa Catalana de Progrès, el el senador de ERC, Miquel Bofill, instaba a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución" con el argumento de que "los catalanes no cabemos como somos en el Estado español".
La reforma ha salido adelante con el apoyo de los mismos grupos que en el Congreso, después de que la mayoría de la que disfrutan socialistas y 'populares' hiciera inviable la incorporación de las enmiendas que habían presentado los partidos de izquierda y los nacionalistas vascos, catalanes y canarios.
Una vez que el trámite en el Senado no ha supuesto ningún cambio en la propuesta de reforma pactada entre PP y PSOE, el texto no deberá volver al Congreso y se abre un plazo de quince días para solicitar la celebración de referéndum, para lo que se requiere la firma de 26 senadores o 35 diputados.
En el debate plenario de la reforma que establecerá una disciplina presupuestaria en la Carta Magna, han tomado la palabra en el turno a favor el portavoz del grupo popular, Pío García Escudero, y la representante socialista, Carmela Silva. Ambos han coincidido en muchos de los argumentos con los que han tratado de justificar la necesidad de la modificación normativa, que hoy quedará aprobada definitivamente y que supondrá cambiar el artículo 135 de la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria y alejar el déficit público en las Administraciones.
Con la presencia en el hemiciclo de los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves y de siete ministros, los portavoces han hecho valer la fuerza del acuerdo político entre los dos principales partidos para modificar la Carta Magna.
García Escudero ha dicho que el "pacto político y económico" entre socialistas y populares tiene un "enorme valor" porque constituye "un compromiso" que están dispuestos a "garantizar en el futuro". Y ha remarcado que este consenso permitirá "sentar las bases" del futuro económico de España y supone un "ejercicio de responsabilidad política" en el momento de "especial gravedad" por el que atraviesa la economía española y los ciudadanos que sufren sus consecuencias.
La limitación del déficit público con rango constitucional es algo "necesario, y en las actuales circunstancias, oportuno, responsable e inaplazable", ha subrayado el diputado del PP.
Pío García Escudero ha apuntado además que no se trata de una "medida de choque" coyuntural, sino una aportación de cara al futuro para acabar con prácticas de "mal gobierno" que por otra parte el PP sostiene por "coherencia" ya que lo viene proponiendo durante toda esta legislatura.
También ha afirmado, frente a quienes tachan la reforma de "antisocial", que es precisamente todo lo contrario, esto es, "profundamente social" puesto que no hay nada más social que el "compromiso permanente" con unas cuentas públicas saneadas.
Según García Escudero, "sin rigor presupuestario ni equilibrio fiscal no hay Estado del bienestar que se sostenga".
En este argumento ha coincidido la portavoz socialista, Carmela Silva, para quien los reproches sobre lo "antisocial" de la modificación no son más que "demagogia fácil" puesto que la reforma es "necesaria" y permitirá poner en marcha políticas económicas y sociales "para una sociedad más justa" porque, ha enfatizado, "no podemos permitirnos ni una deuda ni un déficit excesivos".
Si ello ocurriera, no sería posible hacer las políticas propias de los "progresistas", ha apostillado, a favor de los servicios sociales, ya que no se pueden llevar a cabo con una situación económica insostenible.
Como ejemplo de las consecuencias que podría tener el aumento de la deuda pública ha citado a los países europeos intervenidos como Grecia, Irlanda o Portugal.
"Las causas están más que justificadas, las causas y la urgencia", ha insistido Silva. Entre estos motivos ha recordado la necesidad de actuar frente a una situación económica excepcional para demostrar "no sólo a los mercados, sino a toda la economía mundial, que somos un país serio y solvente en el que se puede confiar y que hace frente a sus compromisos".
Se trata de dar "un mensaje fuerte de solvencia y de confianza" y de hacerlo ahora porque si no, ha advertido, podría "llegar tarde". En este sentido ha dicho que el referéndum que reclaman las minorías de izquierda para consultar la modificación constitucional sería "contraproducente" porque "inutilizaría" la medidas y la retrasaría llevándola a "plazos muy peligrosos" y creando "más incertidumbre".
También ha negado que limite la economía de las Comunidades Autónomas y entidades locales y ha dicho que no afecta al modelo territorial.
Carmela Silva, que ha apelado en su discurso a la "responsabilidad", al "rigor" y al "amor a nuestro país", ha dedicado unas palabras a reconocer el papel y la "generosidad" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al hacer frente a la crisis en los últimos tres años.
LOS NACIONALISTAS CONTRA LA REFORMA
La reforma constitucional que obliga a las administraciones a cumplir un techo de déficit saldrá adelante en el Senado sin el aval de los nacionalistas, ya que, según sus portavoces, quedan lesionados el autogobierno de las comunidades y su autonomía financiera.
De los senadores nacionalistas que han intervenido, el más airado ha sido el senador de ERC, integrado en Entesa Catalana de Progrès, Miquel Bofill, quien ha aprovechado el debate para pedir la independencia de Cataluña, así como peso específico propio en Europa para liderar la recuperación, y para instar a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución". Ha exclamado también: "Los catalanes no cabemos como somos en el Estado español". En opinión de Bofill, la reforma es "de derechas", "antisocial", "inaceptable", "poco democrática", "rompe todos los consensos" y "limita la autonomía de Cataluña".
ERC, al igual que ICV y otros partidos, impulsará la recogida de firmas de 26 senadores para conseguir el referéndum. Precisamente en nombre de ICV ha intervenido Joan Saura, y él ha condensado los argumentos en contra de la reforma: es "regresiva, recentralizadora y poco democrática".
Primero, según su explicación, el cambio en la Constitución no amansa a los mercados, debilita la autonomía financiera de los territorios y atenta contra la demanda ciudadana a favor de más participación política, ya que PSOE y PP niegan el referéndum.
Aunque en contra de la reforma constitucional, CiU ha preferido la abstención. Las razones que ha esgrimido su portavoz, Jordi Vilajoana, coinciden con las de los demás comparecientes: ni soluciona la inestabilidad de los mercados, pues han vuelto a encarecerse las emisiones de deuda, ni recoge las sensibilidades del texto original de la Carta Magna. PSOE y PP, a su juicio, se han limitado a pedir "una adhesión sin condiciones". Asimismo, a su juicio, se limita la autonomía financiera de las comunidades.
En términos similares se ha pronunciado el portavoz del PNV, Joseba Zubia, solo que los nacionalistas vascos votarán en contra. El representante del partido de Íñigo Urkullu ha criticado la reforma porque "ataca al autogobierno" de Euskadi y pone en relieve "el nulo respeto de Madrid", y sin tener en cuenta la opinión de la sociedad vasca. Sin embargo, lo que más ha censurado Zubia ha sido que "en tan solo siete días se ha pasado de una Constitución intocable a una que sí se toca", y aplicando encima "un rodillo parlamentario".
Coalición Canaria, representando en el pleno por Narvay Quintero, ha reiterado que la reforma socava las competencias de las comunidades, si bien ha aprovechado la ocasión para solicitar que en la Constitución se reconozca la insularidad canaria.
El nuevo senador de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha anunciado su voto en contra de una reforma que, a su juicio, "pretende lavar los nulos efectos de la política irresponsable" del Gobierno.
Al no reunir el apoyo suficiente, las 24 enmiendas de los nacionalistas han sido rechazadas.
Desde otro punto de vista, UPN se ha sumado al apoyo de la reforma, y así lo ha puesto de relieve la senadora Mar Caballero, conforme con esta medida porque la prioridad es el "rigor presupuestario". No obstante, ha dado un toque de atención al PP y al PSOE por haberla adoptado de forma precipitada.
Desde el PSC, Isidre Molas ha hecho hincapié en que la modificación de la Carta Magna se hace "en interés de Cataluña, de España y de Europa".
