El diputado de JxCat Jordi Sànchez ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita someterse a la investidura como presidente de la Generalitat, de conformidad, según alega, con el "requerimiento" del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se garanticen sus "derechos civiles y políticos". En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, pide al Supremo que facilite que el aspirante de JxCat, actualmente encarcelado por rebelión, pueda participar en el pleno de investidura, bien sea porque le deje en libertad provisional, le dé un permiso penitenciario para ir al Parlament o le autorice a participar en el pleno mediante videoconferencia.
El requerimiento a que se refiere Sànchez se remite a la denuncia presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros que aún no se pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de ellos pidieron a España que se adoptaran "las medidas necesarias" para garantizar "que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
El abogado de Sànchez recuerda al juez que el pasado 26 de marzo le remitió la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del pasado 23 de marzo, que, a su juicio, insta al Estado a "garantizar cautelarmente" los derechos "civiles y políticos" del diputado de JxCat y exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). "Consecuentemente, para garantizar que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, se interesa la adopción de medidas que hagan posible el ejercicio de tales derechos", apunta el escrito.
En concreto, Sànchez plantea tres opciones para poder someterse a la investidura, en la sesión convocada para el próximo viernes por el presidente del Parlament, Roger Torrent. En primer lugar, el diputado de JxCat solicita que el juez Llarena acuerde su libertad provisional, a fin de que pueda acudir al debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Como alternativa, Sànchez solicita que se le conceda un permiso parlamentario para poder acudir a los plenos parlamentarios de investidura, ya que la primera sesión se celebraría el viernes y, en caso de no obtener mayoría absoluta, la segunda vuelta -en la que sólo se requiere de mayoría simple- sería el domingo.
En caso de que el juez del Supremo no autorice ninguna de estas dos opciones, el abogado Jordi Pina plantea que se autorice a Sànchez a participar en los plenos mediante videoconferencia, desplazándose a tal efecto al lugar que determine el magistrado. "Esta última posibilidad ha sido, ciertamente, excluida cautelarmente por el tribunal Constitucional en el caso de personas que no se encontraban a disposición de la Justicia española, pero nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlamento", alega el escrito.
En cualquier caso, Sànchez advierte en su escrito de que la posibilidad de someterse a la investidura a través de videoconferencia tendría que ser aceptada también por la presidencia del Parlament "en el ejercicio de las competencias que le corresponden".
EL PARLAMENT POSPONE SU DECISIÓN SOBRE SI REVOCA EL VOTO DELEGADO DE PUIGDEMONT
La Mesa del Parlament ha pospuesto en su reunión de este martes la decisión sobre si revoca o no que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda delegar su voto en los plenos en otro diputado de su grupo, JxCat. Fuentes parlamentarias han explicado que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha asumido el compromiso de volver a reunir a la Mesa antes del pleno de investidura del viernes para tomar una decisión definitiva.
Por primera vez en esta legislatura, Puigdemont delegó su voto en el pleno del jueves de la semana pasada, y tanto Cs como PP han presentado sendas iniciativas para que la Cámara le revoque este voto delegado. Las mismas fuentes han explicado que la decisión no se ha tomado este mismo martes porque la mayoría soberanista en la Mesa, formada por JxCat y ERC, ha alegado que las peticiones de revocación se han registrado con poca antelación y han pedido más tiempo para analizarlas.
