El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso ha solicitado 21 años de cárcel para el etarra Balbino Sáenz Olarra, juzgado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal por participar en el atentado cometido el 22 de marzo de 2002 contra la sede de la compañía Repsol en Madrid. El representante del Ministerio Público ha pedido que Sáenz Olarra sea condenado a 18 años de cárcel por un delito de estragos terroristas y a tres más por el robo con fuerza del vehículo que los terroristas hicieron explotar.
Según el fiscal, el acusado estaba encuadrado junto a Mikel Guillermo San Argimiro Isasa, alias 'Pablo', en el 'comando Txirrita' de ETA. Ambos cruzaron la frontera procedentes de Francia en abril de 2001 y se instalaron en Valladolid, donde realizaron vigilancias y seguimientos de posibles objetivos.
En mayo de ese año, se trasladaron a Madrid y alquilaron una vivienda en la calle Piamonte, en el barrio de Chueca, donde guardaron numeroso material explosivo y alojaron al también etarra Imanol Miner Villanueva, alias 'David'.
Durante la vista oral, declararon como testigos tanto San Argimiro como Villanueva. Ambos dijeron no recordar si Saénz Olarra pertenecía a su comado y alegaron torturas para justificar su testimonio inculpatorio ante la Guardia Civil. "Estaba bajo coacción", dijo San Argimiro.
"BALBINO, ¡ATIENDA!"
Además, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, llamó al inicio del juicio la atención del acusado que, desde la urna blindada donde fue conducido, intentaba comunicarse con sus familiares. "Balbino, atienda", le reprendió el magistrado, en un intento de que prestara atención a las preguntas que el fiscal expuso ante la Sala.
El miembro de ETA, que se negó a contestar tanto al Ministerio Público como a su propia defensa, intercambió continuamente gestos con los miembros de su familia y se rió durante la exposición del informe definitivo realizada por Barroso.
20 KILOS DE CLORATITA
Barroso ha defendido en su informe que tras inspeccionar ocularmente la sede de Repsol, situada en el número 280 del paseo de la Castellana de Madrid, los miembros del 'comando' colocaron un Ford Fiesta cargado con 20 kilos de cloratita y lo hicieron explotar. Según el fiscal, los etarras llevaron a cabo el atentado para "causar la mayor cantidad de desperfectos materiales" y "conscientes del riesgo que ello implicaba para la vida e integridad física de las personas al tratarse de una zona habitada".
La explosión causó daños materiales que han sido cuantificados en torno a los 800.000 euros. Por ello, el fiscal solicita que el acusado indemnice, conjunta y solidariamente con los otros dos miembros del 'comando', a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, Repsol YPF, el Grupo Lar y los dueños de las viviendas y vehículos que resultaron
