El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al alcalde de Leitza (Navarra), Oier Ezimendi Astibia, de la coalición Bildu, por un delito de enaltecimiento del terrorismo tras los actos de apoyo a la banda terrorista ETA que presuntamente se cometieron el pasado 10 de agosto, durante el chupinazo que dio inicio a las fiestas patronales de San Tiburcio, informaron fuentes jurídicas.
La imputación, que es la primera que un juez instructor realiza a un cargo electo de Bildu por enaltecer a miembros de la organización terrorista, también afecta a María Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola, que aparecieron en el balcón del Ayuntamiento con camisetas de apoyo a la etarra Jone Lozano.
Según el informe de la Policía Foral que obra en la causa, la primera portaba carteles que reclamaban el acercamiento de los presos y la segunda pronunció un discurso realizando esta reivindicación. Los tres están citados en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para comparecer como imputados a partir de las 11.00 horas.
El juez Ruz admite a trámite la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en un auto en el que destaca que "los hechos relatados presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de enalticimiento del terrorismo".
Además, libra un oficio a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Servicio de Información de la Guardia Civil para que emitan sendos informes sobre estos hechos
que complementen el realizado por la Policía Foral de Navarra.
El fiscal jefe pidió la imputación del regidor de Leitza por "la elaboración y distribución del programa de fiestas", en el que se anunciaba la celebración de un brindis a favor de los presos etarras.
ENCAPUCHADOS NO IDENTIFICADOS
Los agentes, sin embargo, no han podido identificar a los cinco encapuchados que salieron al balcón del Ayuntamiento unos minutos antes del chupinazo para exhibir dos pancartas en las que aparecían las fotografías de seis presos etarras y se reclamaba su traslado a cárceles próximas al País Vasco.
Otras dos personas que ocultaban su rostro colgaron también una pancarta con un mapa de Euskal Herria. Además, se celebró una manifestación con el lema 'Euskal preso eta iheslariak etxera' (Presos vascos y huídos a casa). Ante todos estos hechos, la Fiscalía solicita que se tome declaración a "cuantas personas se identifique como partícipes en tales hechos".
"DISCURSO DEL ODIO"
En su escrito, Zaragoza recordaba que "el apoyo y ensalzamiento en público de individuos cuyo único hecho por el que son conocidos es su relación con una banda terrorista y la comisión de acciones criminales de naturaleza terrorista", lo que, a su entender, "implica, de facto, tanto la justificación de sus acciones terroristas como el aplauso de quienes las cometen".
También citaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la exhibición pública de fotografías de terroristas y enmarca este tipo de acciones en lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) definió como "el discurso del odio".
Tras lo ocurrido, el Gobierno Navarro solicitó a la Policía Foral que realizara una investigación sobre lo ocurrido y pidió un informe en el que solicitaba que se detallara si este Ayuntamiento cumplía la Ley de Símbolos.
Según el Gobierno de Navarra, los responsables de lo ocurrido "transformaron un acto festivo en un homenaje al terrorismo que podría bordear la legalidad". El Ejecutivo foral también lamentó que el Ayuntamiento de Leitza, gobernado por Bildu, "por acción u omisión, permitiera ese acto de humillación a las víctimas del terrorismo y, muy especialmente, a los leitzarras víctimas de ETA".
