El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha enviado a la Audiencia Nacional el caso en el que investiga al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ante los nuevos indicios aparecidos de que pudo blanquear dinero en el exterior.
Así lo ha decidido el magistrado después de que el pasado lunes la Fiscalía Anticorrupción le pidiera que se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional al entender que se trata del tribunal competente para hacerse con la causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El auto de inhibición de Serrano-Arnal, que es recurrible en apelación solo ante la Audiencia Provincial de Madrid, se someterá ahora a las normas de reparto de la Audiencia Nacional para decidir cuál de los seis jueces de instrucción asume el caso.
Cambiando su criterio inicial, Anticorrupción consideró en un escrito remitido a Serrano-Arnal el pasado lunes que la competencia ya no es de los Juzgados ordinarios de Madrid, pues han surgido nuevos indicios de que el ex director gerente del FMI pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014 a través de una de sus sociedades.
Se trata de la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que ha sido administrador hasta abril de 2015, cuando Rato fue detenido. Al principio, la fiscal Elena Lorente consideraba que el delito de blanqueo no estaba "mínimamente aquilatado", pero en su cambio de parecer ha sido clave el nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que envió al Juzgado el pasado 21 de julio.
Dicho informe apunta que las inversiones del exministro de Economía en esta sociedad, de la que posee el 44%, se habrían llevado a cabo a través de la mercantil Kradonara, cuya matriz es la gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, del expresidente de Bankia.
"Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", recogía en su escrito la fiscal.
En el primero de sus informes, la ONIF dedicaba buena parte de su documento a la sociedad Kradonara, que fue constituida en noviembre de 2001, y con la que presuntamente Rato no declaró en el Impuesto de Sociedades de 2011 a 2013, con lo que podría haber defraudado más de un millón de euros.
Además, relataba que el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP donó en julio de 2013 a sus hijos sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando Kradonara.
Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único. A ello unía la posibilidad de que Rato facturara sus servicios a Telefónica o al Banco de Santander a través de esta mercantil "al objeto de evitar su tributación en el IRPF".
Pese a su cambio de opinión, la Fiscalía especial, que se opuso a la inhibición del caso que había planteado Serrano-Arnal en favor del instructor del "caso Bankia" en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sigue manteniendo que no guarda relación con aquél ni con ningún otro que tramitan en la actualidad los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
