El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de querer caminar hacia la "Edad Media" y de pretender cambiar un procedimiento ilegal el día 9 de noviembre por otro "más antidemocrático todavía".
Rajoy se ha referido a la consulta alternativa que pretende realizar Mas en la conferencia de prensa con la que ha concluido su participación en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.
El jefe del Ejecutivo ha recordado, tal y como había adelantado hoy su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dado instrucciones para analizar los pasos alternativos que da Mas para la consulta del 9N "sin ninguna garantía democrática", y ha garantizado que no hay que tener la menor duda que se volverá a recurrir al Tribunal Constitucional si se considera necesario.
CONSULTA ALTERNATIVA
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encargado a los servicios jurídicos del Estado informes sobre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la organización de la consulta alternativa anunciada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el 9 de noviembre, una vez que está suspendido el referéndum originalmente previsto.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha acusado a la Generalitat de "descargar" en los ciudadanos de Cataluña, como alcaldes o funcionarios, la responsabilidad sobre la organización de este nuevo procedimiento, "todavía más antidemocrático" que el primero.
"A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso", ha afirmado, para añadir que lo que va a hacer el Gobierno del PP es "velar" porque se cumpla la ley y los derechos de los ciudadanos de Cataluña.
UN PROCESO SIN "NINGUN TIPO DE GARANTIAS DEMOCRATICAS"
La vicepresidenta ha explicado que, aunque Artur Mas "decidió renunciar" a al referéndum, "inició un proceso distinto de participación política". "Desde entonces, el presidente de la Generalitat y distintos miembros de su Gobierno han ido dando pasos hacia un proceso que, desde luego, no tiene ningún tipo de garantías democráticas", ha enfatizado.
En este sentido, ha subrayado que se trata de un proceso "sin censo previo" y quien lo organiza, que está de acuerdo "con una determinada posición en la consulta", es quien "monta todo el procedimiento, reúne las mesas y las preside, controla cómo se efectúa la votación, el recuento de votos y proclama el resultado".
Según la vicepresidenta, "todo parece apuntar" que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento "ilegal" por otro "todavía más antidemocrático", en el que se está "transfiriendo" a los ciudadanos de Cataluña "una responsabilidad" que el Gobierno catalán no quiere asumir.
"Eso es lo que está haciendo. Descargar la responsabildidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, alcaldes u otro tipo de funcionarios", ha reiterado.
En este punto, y dado que el Gobierno quiere "dar tranquilidad y seguridad" a esas personas, Sáenz de Santamaría ha anunciado que el presidente del Gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todos esos pasos que se están dando con el fin de "posibilitar su ulterior recurso" ante el Tribunal Constitucional.
MAS AL GOBIERNO: "DECIR NO A LA CONSULTA ES POCO DEMOCRÁTICO"
El presidente catalán, Artur Mas, ha acusado al Gobierno de "tener actitudes claramente poco democráticas" por decir no a la consulta y ha advertido de que Cataluña "se lo está poniendo mucho más difícil" al Ejecutivo para evitar su intención de "cargarse" la consulta del 9N.
"Hace pocos días se reían, nos decían que era un sucedáneo, un sin sentido. Y ahora resulta que no se ríen tanto porque ven que va en serio, que toma cuerpo, que hay miles de voluntarios", ha dicho Mas en una entrevista al diario Ara emitida por internet, donde ha admitido que el Estado ha creado "un campo de minas" para evitar el 9N , que será un "día D de la democracia".
DERECHO A DECIDIR SE COMPROMETE A TRABAJAR POR UNA GRAN MOVILIZACIÓN EL 9N EN CATALUÑA
El coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, ha asegurado que las entidades promotoras han constatado su "compromiso" de "trabajar unitariamente" para que la nueva consulta del 9N sea una "gran movilización", aunque ha subrayado que "unidad no significa uniformidad".
"Nos comprometemos a trabajar unitariamente para que el 9N, pese a sus limitaciones, signifique una gran movilización de nuestro pueblo y, así, el voto emitido y otras formas de movilización refuercen el sentido participativo de los ciudadanos en este proceso", señala el documento acordado, presentado por el expresidente del Parlament en rueda de prensa.
La cuarta reunión del Pacto ha concluido pasadas las 14.00 horas, tras más de dos horas, y ha estado presidida por el president Artur Mas, y han acudido también la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, los consellers Francesc Homs y Joana Ortega, y los líderes de los partidos proconsulta y entidades de la sociedad civil.
El texto consensuado por las 57 entidades presentes consta de cinco puntos, en el que además de las bases del pacto, se incide en el "pluralismo político y la coordinación entre política y sociedad civil", la "unidad" de cara al 9N, el Derecho a decidir como "punto de consenso" y también la "corresponsabilidad" con las asociaciones adheridas al Pacto con vistas a la consulta alternativa.
Así, se afirma que es una "exigencia democrática" del pueblo catalán exigir su derecho a decidir". "Somos una Nación y, como tal, tenemos este derecho sobre nuestro futuro político. Y queremos ejercerlo con diálogo y civismo", añade.