El futuro Gobierno del PP deberá gestionar una difícil coyuntura económica marcada por la crisis de la deuda, que ha llevado a Italia y a España a una situación límite; la debilidad de la economía española, que se asoma a otra recesión, y el continuo aumento del paro, que roza ya los cinco millones.
En este complicado contexto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que cumplir los compromisos de déficit pactados con la Unión Europea (UE) -un 6 % este año, un 4,4 % en 2012 y un 3 % en 2013-, lo que, salvo un notable aumento de los ingresos fiscales, exigirá acometer nuevos recortes del gasto público.
El margen de maniobra del nuevo Gobierno será limitado porque la evolución de la economía española dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en Bruselas, Fráncfort o Berlín.
Según la mayoría de los analistas, los mercados ya han descontado la victoria del PP y, a lo sumo, están pendientes de la diferencia de escaños. En situaciones como la actual, los inversores prefieren mayorías parlamentarias nítidas, ya que permiten formar gobiernos estables y con capacidad de actuación.
Los mercados sí esperan con expectación que Rajoy concrete sus planes, en especial cómo pretende cumplir los objetivos de déficit, una de las cuestiones que más incertidumbre generan entre los inversores.
Si España consigue cerrar este ejercicio con un déficit del 6 %, en 2012 el Gobierno del PP deberá recortar gastos o aumentar ingresos (o una mezcla de ambos) por un importe cercano a los 18.000 millones de euros, un ajuste que los expertos ven muy exigente.
El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, había planteado durante la campaña electoral la conveniencia de pedir a la UE que retrase en dos años, de 2013 a 2015, el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3 %.
Un sector de expertos -por ejemplo, el economista jefe del banco japonés Nomura, Richard Koo, o el Premio Nobel Paul Krugman- considera que un ajuste demasiado rápido deprimirá aún más la economía, lo que se traducirá en más paro, menos ingresos fiscales y, finalmente, en la imposibilidad de reducir el déficit.
Durante la campaña, los dirigentes del PP se han mostrado convencidos de que una victoria clara de Rajoy devolverá la confianza en la economía española y, como consecuencia, relajará la prima de riesgo, el coste añadido que los inversores piden por comprar deuda española.
El diferencial entre el bono español a diez años y el alemán del mismo plazo ha rondado esta semana los 500 puntos básicos, un nivel difícilmente sostenible de forma prolongada.
Numerosos economistas creen que para hacer frente a esta situación no basta con medidas de política interna, aunque sean necesarias, y consideran imprescindible una intervención decidida del Banco Central Europeo (BCE), a la que se opone de momento Alemania.
No obstante, la compra masiva de bonos italianos y españoles en el mercado secundario por parte del BCE sería tan sólo una solución de emergencia hasta que los países de la zona del euro lleguen a un acuerdo para emitir eurobonos.
La economía española se ha estancado en el tercer trimestre y, sin estímulos, es probable una vuelta a la recesión, lo que agudizaría la destrucción de empleo.
El consumo privado sigue débil y los ajustes en autonomías y ayuntamientos, muy endeudados, han recortado la aportación del gasto público.
Además, el crédito continúa sin fluir. El sector financiero arrastra aún la pesada digestión de la burbuja inmobiliaria y está inmerso en un largo proceso de reestructuración.
Según los bancos, la decisión de la UE, impulsada por Alemania, de establecer una quita a la deuda griega y las exigencias adicionales de capital derivadas de esta medida tendrán un efecto negativo.
Un panorama complicado para el PP que, sin tiempo para celebrar la victoria electoral, deberá afrontar su primera prueba mañana mismo, cuando abran los mercados.
