Seis asociaciones, que se han calificado como representantes de una "indignación nacional", han presentado hoy en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que avalaron la presencia de Bildu en las pasadas elecciones.
La querella ha sido interpuesta por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, la Plataforma Ciudadana Hazte Oír, la asociación Voces contra el Terrorismo, Libertad e Identidad y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.
La demanda va dirigida contra el presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Luis Ignacio Ortega, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vega, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa por considerar que han incurrido en un delito de prevaricación al haber "invadido" funciones del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia que impedía a Bildu estar en las elecciones y que fue revocada por el TC.
La principal prueba que esgrimen contra estos magistrados, según el abogado director de la querella, Joaquín Ruiz Infante, es que "entraron a valorar la prueba de forma individualizada", lo que, a su juicio, no puede hacerse al resolver un recurso de amparo.
Ruiz Infante opina que estos magistrados valoraron esa prueba de forma "sesgada" e "interesada".
Una decena de representantes de estas asociaciones, entre ellos la madre de la víctima de ETA Irene Villa, María Jesús González, han acudido este mediodía al registro del alto tribunal para presentar la querella.
A la salida del Tribunal Supremo, el presidente de DENAES, Santiago Abascal, ha recalcado que "hoy es un día muy importante, hoy es 26-M, y estamos aquí en representación de una indignación nacional también" y ha manifestado que "al contrario que los seis nefastos magistrados del TC, nos asiste la razón"·
Por su parte, el secretario general de Manos Limpias, Miquel Bernard, ha reiterado que han "recogido el sentir de indignación de la sociedad española" y ha apelado a la independencia de las instituciones y del Poder Judicial porque, a su juicio, la sentencia del TC es "política" y "eso la deslegitima".
También ha tomado la palabra el abogado de Voces contra el Terrorismo, Juan Carlos Rodríguez Segura, para decir que estas asociaciones se han unido porque no se puede "dejar que ETA vuelva a ganar la calle".
Finalmente, el representante de Hazte Oír, Ignacio Asuaga, ha explicado que lo que pretenden con esta querella es que ETA, "que ya tiene más de 1.000 concejales precisamente por culpa de estos magistrados y por culpa también del propio presidente del Gobierno" salga "cuanto antes" de esos ayuntamientos.
Por su parte, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha afirmado que es "comprensible" la querella criminal porque, a su juicio, "se extralimitan" en sus funciones al legalizar la coalición de la izquierda abertzale.
La querella es "comprensible", ha declarado este jueves Portero, al tiempo que ha opinado que los magistrados "se extralimitan absolutamente en sus funciones". En este sentido, ha señalado que el "cabreo es tremendo" no porque las "víctimas del terrorismo" tengan "derecho al pataleo" sino porque "realmente la sociedad ha observado" que la decisión del TC se produce "en 120 minutos para leer 120 páginas".
"A minuto por página, leen la sentencia del Supremo donde sí se dice que Bildu es ilegal y que pertenece a ETA, y el TC a un minuto por página dice que no, que es todo lo contrario. Aquí se extralimitan absolutamente en sus funciones, lo que hace que la sociedad civil reaccione y que a través de la acusación popular se interponga una querella por prevaricación. Yo creo que va a prosperar", ha aseverado.
Asimismo, ha manifestado que la legalización de Bildu es un "tortazo a la democracia" y ha recalcado que la sentencia del TC "ha desbaratado", sin tener "fundamento suficiente", el trabajo "excepcional" en materia de lucha antiterrorista, que están llevando a cabo "tanto Guardia Civil como Policía Nacional y Ertzantza".
