Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el miércoles la orden ministerial que pondrá en marcha la subida de las tasas judiciales, ese cobro, que gestionará Hacienda, no entrará en funcionamiento hasta final de año. A partir de entonces los ciudadanos, en sus relaciones con la Justicia, tendrán que pagar en concepto de tasas entre 100 euros, por la reclamación de una deuda, hasta 1.200, si se recurre ante el Tribunal Supremo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el PP han vuelto a defender hoy las tasas judiciales frente a la oposición del resto de partidos y del sector afectado, representado por el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner. El PSOE exige derogar la ley o al menos no aplicarla a personas físicas y anuncia una ofensiva contra las tasas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes, ha dicho, quieren mantener "el antiguo régimen".
LA OFENSIVA DEL PSOE LLEGARÁ HASTA EL CONSTITUCIONAL
El PSOE va a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar al presidente Mariano Rajoy a "rectificar" la Ley de Tasas Judiciales, porque consideran que es la "peor" ley que ha aprobado su Gobierno.
En el frente judicial, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional; en el Congreso han registrado hoy una serie de once proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas y en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.
"Vamos a denunciar continuamente los efectos nocivos, el impacto negativo de una ley que no tiene nada que ver con la crisis ni con el ahorro económico; es pura ideología, de la peor ideología de la derecha", ha advertido la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Junto al registro de la Cámara Baja, tras formalizar su batería de iniciativas, Rodríguez ha aseverado que esta ley "debe ser retirada por el presidente del Gobierno, porque el ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón) ha decidido que los derechos de los ciudadanos valen lo que vale su cartera".
Las once proposiciones no de ley que ha registrado para su debate en distintas comisiones están dirigidas a eximir de la aplicación de la ley a otros tantos colectivos, entre ellos a todas las personas físicas, a quienes recurran sanciones de tráfico y circulación, a las que presenten reclamaciones por negligencias médicas, a las víctimas de violencia machista y las que quieran reclamar su grado de discapacidad.
EL JUEZ DECANO DE MADRID HABLA DE "IMPUESTO CONFISCATORIO"
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha considerado hoy que las nuevas tasas judiciales son "un impuesto confiscatorio". González Armengol ha opinado que las cuantías de las tasas judiciales "son inconstitucionales porque impiden el acceso a la justicia de los ciudadanos e incluso atentan y van en contra de la normativa comunitaria, que también garantiza la inexistencia de obstáculos en el acceso a la justicia para los ciudadanos europeos".
González Armengol, también portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha mostrado su oposición a las tasas judiciales "en las cuantías" previstas en la ley, que oscilan entre los 100 euros para reclamar una deuda ante los tribunales a 1.200 euros para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El juez decano ha indicado que, cuando se aplique la norma, que "ahora se ha suspendido de forma un tanto sospechosa", los magistrados pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad, mientras que los grupos parlamentarios o el Defensor del Pueblo pueden presentar recursos de inconstitucionalidad.
Mientras, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado que la ley de tasas judiciales es "difícilmente explicable", aunque, ha asegurado, los jueces están "obligados a cumplirla y hacerla cumplir porque se trata de una norma aprobada por las Cortes".
GALLARDÓN DEFIENDE LAS TASAS PESE A LAS CRÍTICAS
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales, y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes -ha dicho- quieran mantener "el antiguo régimen".
"Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente pero nosotros no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora", ha dicho Gallardón tras asegurar que pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad, la inversión y la creación de empleo.
El ministro de Justicia ha asegurado que la ley de tasas judiciales, que recoge un aumento generalizado de las mismas, es un primer paso "que va a garantizar más la justicia gratuita" y permitir que quienes no tengan recursos puedan acudir a los tribunales, además de ayudar a desatascar los juzgados.
Ruiz-Gallardón ha garantizado que, en contra de las razones que ha dado el PSOE para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, la ley de tasas lo que hace es ampliar los beneficios de la justicia gratuita, ya que serán más los españoles sin recursos que podrán acudir a ella.
En esa misma línea ha recordado que las tasas sólo financiarán un 10 por ciento del coste de la Justicia, un tercio menos o 20 puntos menos de la media europea.
Con ese argumento ha insistido en que el Gobierno va a dar pasos decisivos para modernizar la Administración de Justicia y que esta ley es uno de ellos.
"Con todos mis respetos a los colectivos afectados recuerdo que el Gobierno, para quien trabaja es para el interés de todos españoles", ha recalcado.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha confiado en que la subida de tasas judiciales ayude a resolver el "exceso de litigiosidad" que hay en España, y que hace que la justicia no sea justa porque se tardan "años" en ver resueltos los procesos en los tribunales. Según González, España "tiene un problema grave de exceso de litigiosidad".
