El gobierno paralizará los desahucios mientras dure el estado de alarma. La Vicepresidencia Segunda que lidera Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Abalos, que prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
En este sentido, no habrá lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para desplegar el realojo de la población afectada.
Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de mayo, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19.
Pero ahora, se extenderá a casos del vulnerabilidad generados antes de la crisis del coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como los hipotecarios.
La idea es que el decreto ley que extienda la imposibilidad de lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de Ministros, y siempre antes de que finalice el presente año.
El acuerdo, que se sustentará en un decreto ley, establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe "vinculante", que los tribunales tendrán que solicitar "obligatoriamente" en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.
Dicho pacto para imposibilitar lanzamientos incluye también a las familias "en precario" en viviendas de "grandes tenedores", es decir, a propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso, se establece que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda que permita residir a las personas afectadas.
Este decreto solo se ciñe al asunto de los desahucios mientras que la recuperación de la prohibición de cortes de suministros de población vulnerable, medida que se dejó de aplicar a finales de septiembre, se sigue negociando aparte entre Unidas Podemos y PSOE.
