El PP y el PSOE registraron el mismo día en el Congreso sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para PP y PSOE quieren recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre los Estatutos y evitar lo que sucedió con el Estatuto catalán, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció después de que el texto fuera aprobada en referéndum.
En el caso del Grupo Popular se trata de la segunda proposición de ley que presenta en estos dos años de legislatura, después de la presentada días antes para poner nuevos requisitos a la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional.
Al utilizar este mecanismo en lugar de impulsar la reforma desde el Gobierno, los 'populares' se garantizan una tramitación más rápida, pues puede debatirse en el Pleno del Congreso a finales de febrero, y se ahorran pedir los preceptivos informes de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El recurso previo de inconstitucionalidad estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales. En los últimos años, y especialmente a raíz de lo que ocurrió con el Estatut, se ha venido hablando de recuperarlo, aunque sólo para los casos de reformas estatutarias.
La iniciativa del PP pretende cambiar dos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de Tratados Internacionales y Estatutos de Autonomía.
SOLO TRES DIAS PARA RECURRIR
Su idea es abrir un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
Cuando resuelva el Tribunal Constitucional, al que el PP no pone plazo máximo para pronunciarse, los preceptos declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos. Eso sí, esta sentencia previa no impedirá que se pueda recurrir después el desarrollo del resto de la reforma estatutaria.
Para asegurar que no tiene efectos retroactivos, el PP establece la "inaplicabilidad" del mecanismo del recurso previo a las reformas estatutarias que se encuentran actualmente en tramitación; Sólo se usará para aquellas que arranquen después de la entrada en vigor de la reforma.
La proposición de ley del PSOE, limita el recurso previo a las reformas estatutarias, sin mencionar los tratados internacionales, pero es muy similar a las del PP e incluso coincide en el plazo de tres días para poder recurrir, que comenzarían con la publicación en el Boletín de las Cortes Generales del texto estatutario aprobado.
EL PSOE PONE PLAZOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Eso sí, el PSOE pone topes al Tribunal Constitucional reclamándole que resuelva el recurso previo de inconstitucionalidad en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.
Las dos iniciativas han sido calificadas este martes por la Mesa del Congreso y se remitirán al Gobierno para que, en el plazo de 30 días hábiles desde su publicación, otorgue su consentimiento para debatirla, ya que el Ejecutivo tiene derecho de veto sobre proposiciones de ley que entienda que alteran los Presupuestos Generales.
Así las cosas, es posible que estas propuestas pasen su primer examen en el Pleno del Congreso a finales de febrero y, según calcula la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la reforma podría estar en vigor antes de fin de año.
