El PP ha acusado a Manuel Chaves, de vover a dar la espantada al tener que dar cuenta sobre los ERES de la Junta de Andalucía. El vicepresidente tercero se encontraba ausente, visitando unas obras en Aranjuez y había delegado la pregunta al ministro de trabajo, Valeriano Gómez, que tampoco ha asistido, por encontrarse enfermo. El PP ha advertido a Chaves, que no le servirá "esconderse".
Ha sido, por tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien ha dado la cara en el Congreso. Lo ha hecho acusando este jueves al PP de utilizar el caso de los supuestos EREs fraudulentos como "cortina de humo" para tapar su "insolvencia como oposición".
Durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Salgado ha acusado al PP de llevar el caso de los ERE andaluces a las dos cámaras "con la vana pretensión de tratar de desviar la atención sobre casos de presunta corrupción con los que su partido no es nada diligente a la hora de colaborar con la Justicia".
Por su parte, el diputado 'popular' autor de la pregunta, Ricardo Tarno, ha culpado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la SEPI, a Mercasa y al Ayuntamiento de Sevilla de que la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo estén "en peligro" y ha subrayado que el presidente de Mercasa, Javier de Paz, "ex dirigente de Juventudes Socialistas y compañero de baloncesto de Zapatero", conocía todo lo que se "movía" en la empresa pública.
Tarno ha recordado las palabras de ayer del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que "con su habitual fina ironía, culpó al PP de la trama de los ERE".
Al respecto, le preguntó a Salgado si también ha sido culpa de los 'populares' que las listas de ERE falsos se llenasen de "intrusos socialistas"; que se pagase la subvención a Matsa, la empresa en la que trabajaba la hija de Chaves; o que también se pagase una supuesta comisión al ex ministro Carlos Solchaga por tramitar la misma.
Por otro lado, el diputado por Sevilla ha afeado que este martes la Mesa de la Cámara vetase la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, sobre este asunto.
El PP también preveía este miércoles formular una pregunta sobre los ERE andaluces al titular de Trabajo, Valeriano Gómez, quien ha pedido su aplazamiento por encontrarse enfermo.
El anuncio del presidente de la Cámara, José Bono, de que la cuestión sería pospuesta ha suscitado la reacción de los 'populares', que han pedido que fuera contestada por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, reiterando así sus quejas sobre la supuesta actitud de éste de no hacer frente a todas las preguntas sobre este caso.
CHAVES, AUSENTE, INSISTE EN LA LEGALIDAD DE LOS ERES
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha insistido hoy en
que los fondos que se dedicaron a los ERE en Andalucía "son legales" y ha añadido que si "alguien en los trámites ha metido la mano que lo pague".
En Aranjuez, donde ha visitado varias obras financiadas por el Plan E, Chaves ha replicado a las acusaciones del PP, partido que asegura que el vicepresidente tercero no quiere comparecer en el congreso para explicar los ERE andaluces.
Según Chaves, el Partido Popular lleva más de veinte años intentando difamarle porque esa formación ha sido derrotada por los socialistas en todas las confrontaciones electorales en la región, una herida que "no ha cicatrizado".
Asimismo apuntó que de haber irregularidades en las minas de Rio Tinto, el "Partido Popular lo conocía todo", puesto que fueron el delegado del Gobierno en la etapa del PP, Juan Ignacio Zoido, y el entonces subdelegado de la provincia de Huelva, Carmelo San Martín, los que se reunieron con los sindicatos para pactar la lista de prejubilados.
Eso mientras Eduardo Zaplana ocupaba la cartera de trabajo y Javier Arenas la de Administraciones Públicas.
En caso de que el PP pida la comparecencia de altos cargos relacionados con los ERE, Chaves ha asegurado que tendrán que acudir primero "el señor Zoido y el señor Zaplana", y si Arenas quiere plantear un querella, tendrá que hacerlo también "con Zaplana e incluso autoquerellarse", porque el delegado de Gobierno dependía de su ministerio.
En cuanto a la comparecencia ante el Congreso, ha recordado que ya dio explicaciones ante el Senado y que la pregunta debe contestarla el ministro de Trabajo siguiendo los trámites pertinentes.
CASO FAISAN: RUBALCABA TAMBIEN AUSENTE
El caso Faisán también ha estado presente en la sesión de control y también se ha producido la ausencia del vicepresidente "protagonista". Ante la ausencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP ha dirigido su pregunta al titular de Justicia, Francisco Caamaño, aunque ha advertido de que "por mucho" que Rubalcaba "huya del Parlamento" tendrá que "asumir las responsabilidades políticas" derivadas de este caso.
El diputado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, ha subrayado que el 'caso Faisán' no es un asunto "menor" como, a su juicio, "pretende" hacer ver el vicepresidente primero del Ejecutivo y ministro del Interior. Por el contrario, ha recalcado que se trata de "uno de los principales desafíos" que afronta el Estado de Derecho y ha reprochado que el Gobierno ha ofrecido "hasta ahora" un "espectáculo francamente lamentable".
"Cintas de video cortadas o manipuladas, informes policiales que aparecen o desaparecen misteriosamente, acusaciones cruzadas entre los máximos responsables de la lucha contra el terrorismo, la Fiscalía más al servicio de los intereses del Gobierno que de los intereses del Estado y mentiras dichas con toda solemnidad y rotundidad en este Parlamento por el vicepresidente primero del Gobierno", ha expuesto Cosidó.
Tras remarcar que cuando "un Gobierno vulnera la Ley" se retrocede en la lucha antiterrorista y se ocasiona un "daño inmenso" a las instituciones democráticas, Cosidó ha espetado a los dirigentes socialistas: "Por mucho que ustedes intenten entorpecer la acción de la Justicia tengan la certeza de que se va a saber la verdad sobre este caso y por mucho que Rubalcaba huya de este Parlamento tenga la certeza de que va a tener que asumir las responsabilidades políticas que se derivan de este caso".
Alfredo Pérez Rubalcaba ha viajado este miércoles a Roma para participar en una reunión que mantendrán los ministros del Interior de los países mediterráneos de la Unión Europea para analizar el impacto en los flujos migratorios de las revueltas que se están produciendo en algunos países árabes.
SOCAVAR EL CONSENSO EN POLITICA ANTITERRORISTA
Dicho esto, Cosidó ha pedido al ministro de Justicia que no una la responsabilidad política con "la mentira y la traición" al Cuerpo Nacional de Policía y que no se sugiera que el principal partido de la oposición no desea el fin de ETA. "No haga esa insinuación porque eso, no sólo socava cualquier consenso en política antiterrorista, sino por un mínimo respeto a mis compañeros de partido que fueron asesinados por defender la libertad", ha remachado.
En su réplica, Caamaño ha defendido la "plena" colaboración del Gobierno con la Justicia y el respeto que dirige a "sus tiempos y decisiones" y ha aconsejado a los 'populares' que actúen del mismo modo ante los asuntos que les afectan en sede judicial y, por tanto, "dejen de cuestionar" la independencia y profesionalidad de sus profesionales, "conculcando los más elementales principios del Estado de Derecho".
"Nosotros colaboramos con la Justicia y ustedes colaboran con ustedes sin importarles la Justicia ni la profesionalidad ni el honor de cuantos trabajan por ella", ha denunciado el titular del ramo, que ha criticado que a los 'populares' no "les interesa decir que todos los etarras" relacionados con este caso se encuentran condenados, en la cárcel o en espera de juicio.
Tampoco preocupa al PP, en opinión de Caamaño, "devaluar" el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, al que ha calificado de "excelente" y "fundamental" en la lucha contra el terrorismo. "Gracias al mismo nos encontramos en la situación que ahora estamos".
