El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ejecutado un embargo de bienes por importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, al no haberse hecho efectiva la fianza que acordó contra él el juez Antonio Serrano-Arnal en concepto de responsabilidad civil en el marco de la causa en la que se le investiga por delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.
El embargo ha sido realizado por el secretario del juzgado y entre los bienes afectados está la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Rato percibe en su calidad de ex director de la institución, han informado fuentes jurídicas.
La decisión se ha adoptado tras haber sido constatado que Rato no ha depositado la fianza que fue confirmada a finales del pasado mes de julio por la Audiencia Provincial de Madrid como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.
La Audiencia adujo en su resolución que existen "datos suficientes" de que el exmandatario del PP "hubiera podido incurrir" en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales tras analizar los indicios contenidos en el informe de la Oficina Antifraude (ONIF) en el que se le atribuían impagos a la Agencia Tributaria y el blanqueo de su capital y despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015.
INTERROGATORIO A SU SOCIO
Por otra parte, el juez Serrano-Arnal ha tomado declaración en calidad de imputado a Domingo Plaza, abogado y socio de Rato. El no se le ha impuesto medida cautelar alguna al término de la diligencia.
Domingo Plaza, quien constituyó la sociedad patrimonial Kradonara, cuya titularidad real se atribuye a Rato, es el tercer imputado en este procedimiento después del propio Rodrigo Rato y el empresario y presunto testaferro del exvicepresidente Alberto Portuondo, quien se encuentra en prisión preventiva.
El juzgado de instrucción continúa la investigación de la causa con independencia de la cuestión de competencia sobre la causa que aún está pendiente de resolverse después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazara la inhibición planteada por Serrano-Arnal.
Precisamente este jueves la Fiscalía Anticorrupción ha hecho público su recurso contra el rechazo de la causa por parte del juez Andreu, y en este documento señala que Kradonara recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce".
La fiscal Elena Lorente destaca que, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 21 de julio, Kradonara, recibió 6,5 millones de euros en los años 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 sin que conste que sus empresas "hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias".
TRANSFERENCIAS A KRADONARA
En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.
En 2013 y 2014 Vivaway Limited recibió 2,5 millones de una sociedad panameña con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation, declarada ante Hacienda por Rato, mientras que otra sociedad domiciliada en Bahamas (Red Rose), de la que el expresidente de Bankia era "beneficiario final" aunque ocultó este extremo al fisco, le transfirió 850.446,18 euros en 2012 y 2013. Además, existen otras dos transferencias de Red Rose a Rato en 2012 por un total de 300.000 euros.
Además, Rato es investigado en esta causa por los pagos de 474.416,64 y 360.608 que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla del intermediario Alberto Portuondo) realizó a Kradonara en los años 2011 y 2012.
Estos pagos, según la investigación, se justificaron, aparentemente, como "prestaciones de servicios" efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por dos proveedores de Bankia (Publicis y Zenith Media) que facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los años 2011 y 2012 por una campaña publicitaria sobre los valores de Bankia y otra por la salida a Bolsa.
