Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley que reforma el Código Penal al estimar que la prisión permanente revisable que regula es una "cadena perpetua encubierta" que esperan derogar en la próxima legislatura. El recurso contra dicha norma, que entrará mañana en vigor, ha sido firmado este mediodía en la Cámara Baja por los diputados Miguel Ángel Heredia (PSOE), Carles Campuzano (CDC), Antoni Picó (UDC), José Luis Centella (Izquierda Plural), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Aitor Esteban (PNV), Olaya Fernández (BNG), Joan Balldoví (Compromís) y Rafael Calduch (UPyD).
Los recurrentes alegan que la prisión permanente revisable vulnera cuatro artículos de la Constitución, en concreto el 15.1, que prohíbe penas inhumanas; el 17, que regula el principio de proporcionalidad; el 25.1, ya que no es una pena determinada sino que se prolonga en el tiempo incluso hasta la muerte del reo, y el 25.2, al restringir la posibilidad de reinserción.
Tras la firma del recurso el diputado del grupo socialista, el que ha elaborado el recurso, Miguel Ángel Heredia, ha dicho que se impugnan doce artículos del Código Penal que regulan esa nueva pena. "La cadena perpetua que quiere el PP no se va a aplicar nunca en nuestro país. El PP se cree perpetuo pero no lo es y en cuanto que Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría que derogará la imposición que hace frente a todos los grupos", ha añadido. Ha explicado que la nueva pena contradice los referidos artículos de la Constitución, el primero el 15.1 que establece la prohibición de penas inhumanas y ha puesto como ejemplo que "tampoco la pena de muerte sería constitucional si se la sometiera a la condición de ser revisada en un determinado plazo".
Ha añadido que la prisión permanente revisable vulnera los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y el derecho a la libertad que regula el artículo 17 de la Constitución, ya que a diferencia de otras el tribunal no puede graduar esta pena en función de la gravedad del delito cometido ni permite que no se imponga atendiendo a las circunstancias personales del autor.
En tercer lugar ha dicho que es contraria al principio de legalidad penal del artículo 25.1 de la carta magna "porque no es una pena determinada y podría prolongarse hasta su muerte".
Por último ha indicado que es contraria al mandato del artículo 25.2 de la Constitución por cuanto prácticamente restringe la posibilidad de reinserción, que no es posible al producirse la primera revisión a los veinticinco años.
El representante de CDC, Carles Campuzano, ha calificado la reforma de "populismo penal" mientras que el de UDC, Antonio Picó, ha considerado que endurece penas e introduce matrices ideológicos como la prisión permanente revisable.
Por Izquierda Plural José Luis Centella ha denunciado el "nuevo golpe constitucional del PP, que termina la legislatura con leyes autoritarias intentando dejar atado algo que el pueblo español desatará en los próximos meses" y ha estimado peligrosa la tendencia a un "Estado represor cuando hay que abrir canales de convivencia".
El diputado del PNV Aitor Esteban ha comentado que su partido no está por el "modelo de Estados Unidos sino por el de los países del norte de Europa".
Rafael Calduch, de UPyD, ha advertido de que se puede dar la paradoja de que la pena sea revisada antes incluso de que por ejemplo un terrorista cumpla íntegramente su pena.
Joan Balldoví, de Compromís, ha hecho una llamada al consenso para la próxima legislatura, y Olaya Fernández, de BNG, ha llamado la atención de que la actual es la única legislatura en que los grupos de la oposición se han unido en su mayoría para recurrir "leyes injustas".
Preguntado por este asunto en los pasillos del Congreso, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha aclarado que la prisión permanente revisable es una pena específica para delitos "muy limitados y gravísimos a los ojos de cualquier ciudadano". Rafael Hernando ha estimado que el recurso entra dentro de una campaña del PSOE y de la oposición en la que "pretenden decir que más seguridad es menos libertad".
EL GOBIERNO DEFIENDE SU CONSTITUCIONALIDAD
El Gobierno ha defendido la "constitucionalidad y legalidad" de la prisión permanente revisable tras el recurso de inconstitucionalidad firmado hoy por los todos los grupos parlamentarios de la oposición y que será estudiado por el Ejecutivo para presentar sus alegaciones.
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el Gobierno "está deseando conocer y leer el contenido del recurso" para entender la postura precisa y completa de la oposición sobre esta figura que tacha de "cadena perpetua".
Al respecto, las fuentes insisten que la prisión permanente revisable, que entrará en vigor mañana con el nuevo Código Penal, está avalada tanto por los órganos consultivos del Estado como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha acreditado que es una "figura coherente con los tratados internacionales".
Por ello, rechazan las descalificaciones de inhumana o degradante que han vertido los grupos de la oposición contra esta nueva pena y recuerdan que no es mayor que las que contempla la legislación vigente.
El Gobierno destaca que esta nueva pena no pretende otra cosa que acreditar la rehabilitación y reinserción del reo, una vez haya cumplido un plazo de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y si es uno o varios, para revisar la condena.
En caso de no acreditarse esa reinserción, el preso podrá solicitar una nueva revisión cada dos años.Además, la prisión permanente revisable estará incluida en el régimen general de penas, por lo que los reos podrán optar a permisos una vez cumplidos 8 años y al tercer grado a partir de los 15 años.
