Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid y en otras ciudades a once personas, presuntamente relacionadas con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas.
Dos de los arrestados son los fundadores de Idental y uno de ellos se encontraba en Reino Unido.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la detención de 11 personas y varios registros en seis provincias en el marco de la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental.
La Dirección General de la Policía y fuentes jurídicas han informado de que las detenciones y registros se han producido en Madrid, Alicante, Murcia, Granada, Gerona y La Coruña, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Modus operandi
Según la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, los sospechosos captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis. Pero en realidad las descapitalizaban y desviaban los fondos para su enriquecimiento personal. La cuantía de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros.El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Desde el verano pasado, cuando la Audiencia Nacional asumió la instrucción del fraude de iDental, la investigación judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de las clínicas, ya que las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis, en las que invertían supuestamente para reflotarlas.
Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes.
