Tres mossos d'esquadra escoltas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, han dicho en el juicio contra 19 acusados por el asedio al Parlament catalán de 2011, que al acceder a la Cámara tuvieron que huir del lugar con el coche presidencial ante el ataque de los manifestantes.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, y accedió finalmente en helicóptero junto con otros diputados.
En la segunda jornada del juicio han declarado en primer lugar el conductor del coche de Mas y otros dos escoltas que han relatado que la comitiva formada por este vehículo y el de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, se vio imposibilitada de seguir avanzando al acercarse a la Cámara, ya que una multitud se abalanzó sobre ellos cortando la calle.
En concreto, el conductor del coche de Mas ha narrado que tuvo que salir del lugar por la parte de las vías del tranvía puesto que estaban dando patadas, lanzando objetos, escupiendo y zarandeando el coche, que sufrió diversos daños, y que incluso un manifestante se tiró encima del capó y saltó por un lado.
Ha añadido que durante los incidentes en la entrada al Parlament dos diputados -Josep María Llop, que iba con su perro guía al ser invidente, y Antoni Fernández Teixidó- se subieron al coche de Mas y los agentes llevaron a los tres políticos hasta una comisaría cercana para sacarles del lugar.
El otro escolta que iba en el coche de Mas ha relatado cómo intentaron incluso abrir la puerta del coche por la parte en la que se encontraba el presidente de la Generalitat.
El juicio se celebra contra diecinueve de los veinte procesados en esta causa, ya que uno se encuentra huido. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros y a diversas penas que solicitan las acusaciones, ejercidas por el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament.
