La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Alvarez ha negado durante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, que "jamás" despachara con el expresidente de la Junta Manuel Chaves los desfases presupuestarios que pudieran haber generado las distintas consejerías, entre ellas, la de Empleo, asegurando que un presidente de la Junta no está para ese tipo de cuestiones, que tienen que ser tratadas en esferas inferiores.
Alvarez, que estuvo en el cargo entre los años 1994 y 2004 y que actualmente es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha negado también que la Consejería de Economía y Hacienda tuviera "jerarquía" sobre otras consejerías, por lo que no podía influir en las sus decisiones que tomaran. También ha dicho que nunca recibió ningún tipo de "advertencia" por parte de la Intervención de la Junta sobre el procedimiento de concesión de ayudas socioalaborales a empresas en crisis y trabajadores.
Ha querido dejar claro que la Intervención General emitió un informe sobre este asunto un año y medio después de que ella dejara el cargo, aunque el contenido del informe se refiera al año 2003. Ha asegurado que el interventor general no se dirigió a su persona durante la elaboración del mismo. "(El interventor) No puede y no debe hablar con el consejero porque ello comprometería su autonomía", ha añadido.
Si bien, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha asegurado que a la Consejería de Economía y Hacienda, en el periodo que Alvarez era la titular, sí que llegaron informes de la Intervención General de la Junta en relación a lo tratado por esta comisión de investigación. No obstante, la exconsejera ha sido muy tajante al asegurar que "nunca" recibió personalmente ningún informe, pidiendo a la diputada de IULV-CA que si no tenía pruebas retirara dicha afirmación, algo que no ocurrió.
"¿Estos informes no sirven para nada, nadie los lee y si llega a la Consejería no se lo hacen llegar a usted, hace falta un acuse de recibo para el titular de la consejería?", se ha preguntado Doblas, quien ha considerado que el fraude de las ayudas sociolaborales se debe en parte a que ha habido muchos dirigentes políticos que han dedicado a mirar "hacia otro lado" en el ejercicio de sus responsabilidades.
NIEGA QUE MIRARA HACIA OTRO LADO
A este respecto, Alvarez ha contestado que "jamás" ha mirado hacia otro lado y "menos" si tenía información de que pudiera haber una irregularidad. "No lo he hecho y nunca lo haré, es una premisa de mi actuación y también de mi vida", ha manifestado la exconsejera del ramo, quien ha insistido en que "somos muchos los que no miramos para otro lado, sino justo al sitio".
Asimismo, Alvarez ha insistido en que la consejería que dirigía no tenía "ningún conocimiento" sobre las ayudas sociolaborales concedidas, ni sobre el convenio firmado en 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en esta materia. Y es que, según ha explicado, Hacienda no tiene por qué tener conocimiento de los convenios que llevaban a cabo las consejerías con sus entidades instrumentales.
También ha negado que mantuviera reuniones con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera en relación a la concesión de las citadas ayudas, como, según ha indicado, se ha publicado en algún confidencial. Al hilo de ello, ha indicado que se han publicado muchas informaciones sobre su persona que no son verdad, poniendo como ejemplo, --lo que ha suscitado las risas en la comisión--, lo publicado acerca de que ella consultaba todas sus decisiones con una "pitonisa", a la que supuestamente visita en Barcelona y paga 300 euros.
VE INEVITABLE QUE HAYA QUIEN PUEDA "SALTARSE" LOS CONTROLES
Alvarez ha defendido durante una intervención inicial de unos 30 minutos, los controles económicos establecidos por la Junta durante el periodo en el que fue consejera, haciendo un especial hincapié en el control financiero permanente, un instrumento con el que Andalucía fue "pionera". Si bien, aunque ha puesto en valor la eficacia de dichos controles, ha lamentado que en ocasiones no se pueda evitar que haya personas que infrinjan la ley y se "salten" estos controles.
Asimismo, ha dicho que "como andaluza" se siente "indignada y engañada" en relación al fraude que se haya podido cometer con el dinero público destinado a las ayudas sociolaborales, si bien ha destacado que no le corresponde a ella el papel de "juez".
A preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, la exconsejera de Economía y Hacienda ha negado conocer al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, precisando que solo lo ha visto "por la tele". Así, ha dicho que, en ningún caso, se reunió con él y que como consejera no solía mantener reuniones con directores generales de otros departamentos. "A veces no me podía reunir ni con mis directores generales", ha bromeado.
NO CONOCIA LA PARTIDA 31L
También ha negado que conociera la partida presupuestaria 31L, la destinada a ayudas sociolaborales, hasta que saltó "el escándalo" en los medios de comunicación sobre un posible fraude. No obstante, ha destacado que si estaba incluida en los Presupuestos de la Junta no era "oculta, ni ilegal", sino conocida por la Cámara andaluza, quien año tras año aprobaba los Presupuestos.
En relación a las transferencias de financiación, formula utilizada en el procedimiento para el pago de las ayudas sociolaborales, la exconsejera ha indicado que se trata de un instrumento legal "como otro cualquiera", negando que con él se eviten los controles previos, tal y como aseguraba la diputada del PP-A. "Es un procedimiento que utilizan todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP", ha añadido Alvarez.
La exconsejera, que ha estado acompañada en su intervención por José Salgueiro, quien fue su viceconsejero durante una larga etapa, ha trasladado a los miembros de la comisión su convencimiento de que, en ocasiones, se está realizando un "análisis equivocado", en cuanto a que se pretenda buscar responsables "en todos los sitios", algo con lo que ha dicho estar "en absoluto desacuerdo".
Así, ha dicho que ella se hace responsable de la gestión que se hizo en el departamento de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, pero que no se va a responsabilidad de otro tipo de cuestiones, en relación a las irregularidades que se hayan podido detectar y que están siendo investigadas por la justicia y por la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz.
De igual modo, sobre las modificaciones presupuestarias que pudo sufrir la partida 31L, y que su Consejería tuvo que analizar, en relación a si tenían contaban con los informes preceptivos, Alvarez ha dicho que las modificaciones presupuestarias "no son sospechosas" porque se ha cumplido con los requisitos legales. Por ello, ha considerado que se hace "un flaco servicio" a las instituciones poniendo en cuestión este asunto.
Finalmente, en su último turno de palabra para cerrar la comisión de investigación, Alvarez ha subrayado que con las ayudas sociolaborales ha habido actuaciones "inadmisibles" y que es trabajo de la comisión de investigación ver dónde residen las "verdaderas responsabilidades políticas", algo que, en su opinión, debe hacerse en función del "ámbito de las competencias de cada departamento".
