Laura Borrás será juzgada por prevaricación y falsedad documental
- La Fiscalía reclama para la Presidenta del Parlamento de Cataluña una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la causa por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En el auto, el tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
La presidenta del Parlament, Laura Borrás, a un paso de juicio por fraude en la Institució de les Lletres
La Fiscalía pide 6 años de cárcel
El juez del TSJC Carlos Ramos ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Borràs, lo que traslada al Parlament el debate sobre su suspensión, en base a un artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de ser juzgados por corrupción.
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.
El juez que ha instruido el caso ve "razonabilidad y consistencia" en las acusaciones de la Fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio.
El parlamento catalán vuelve a desafiar al Tribunal Constitucional
Cuando el TSJC cerró la investigación de la causa, procesó a los acusados por un presunto delito de malversación y fraude (además de prevaricación, y falsedad documental).
Sin embargo, cuando la Fiscalía presentó su escrito de acusación, dejó fuera la presunta malversación y el fraude: para el juez, "esta diferencia técnica es irrelevante" para la apertura de juicio, porque sí se mantienen los otros dos delitos y los hechos que se atribuyen a los acusados.
Otra diferencia entre la investigación del juez y la acusación del fiscal atañe al funcionario de la ILC Roger E., que estuvo investigado por presuntamente facilitar los trámites al fraccionar contratos pero finalmente ha quedado fuera del escrito de acusación de la Fiscalía.
