La reforma constitucional para cambiar 'disminuido' por 'persona con discapacidad' se queda en el aire
- Se frena la tramitación de normas como el Estatuto del becario, la regulación de la jubilación parcial o la nueva tarifa regulada de la luz
- El adelanto electoral también impide que se aprueben leyes ya enviadas al Parlamento: las leyes de familias, seguridad del paciente, atención a la clientela, enseñanzas artísticas superiores, bomberos forestales y agentes medioambientales
La reforma constitucional que buscaba eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna se encuentra nuevamente en un estado de incertidumbre, por del anuncio de las elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno este lunes. Esta iniciativa estaba siendo tramitada actualmente en el Congreso y se enfrenta al mismo destino que en 2019, cuando se paralizó por las elecciones.
La propuesta de modificar el artículo 49 de la Constitución surgió en 2018, impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Contó con el respaldo unánime en el Congreso y con el apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo.
Gobierno y PP pactan ceñir la reforma de la Constitución al término "disminuido"
A día de hoy, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente...".
Sánchez juega al baloncesto en silla de ruedas para reivindicar la reforma del artículo 49 de la Constitución
El nuevo texto indicaría que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Además, "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. (...) Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".
También recoge que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
Otras leyes en trámite que se verán frustradas
El adelanto electoral también impide que se aprueben leyes ya enviadas al Parlamento: las leyes de familias, seguridad del paciente, atención a la clientela, de enseñanzas artísticas superiores, bomberos forestales y agentes medioambientales.
Quedará en el tintero el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, dirigida a reforzar el derecho antidiscriminatorio en España. Lo mismo ocurre con la Ley de Familias, considerada una de las más importantes impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Una de las principales reivindicaciones del movimiento de la discapacidad
El CERMI ha exigido al Gobierno retomar esta medida, y tras varias negociaciones, la Cámara baja en septiembre de 2021 aprobó tomarlo en consideración. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha convocado reuniones con el PP y los socios del Gobierno en el Parlamento para limitar la reforma constitucional al artículo 49. Además, Vox busca restringir más el cambio, limitándolo únicamente al término 'disminuido' y dejando el resto de la redacción intacta.
La reforma se trata de una de las principales reivindicaciones del movimiento de la discapacidad, que ha estado activamente impulsando medidas a favor del colectivo. Durante el mandato de Pedro Sánchez, se logró la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), permitiendo el acceso al voto de personas con discapacidad intelectual previamente declaradas incapacitadas.
También se aprobó una norma que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad, sustituyéndola por medidas de apoyo para que puedan ejercer su capacidad jurídica.
