La Comisión de Venecia se decanta por la elección por los jueces de los vocales judiciales del Poder Judicial

  • La Comisión de Venecia considera que si la elección final de esos vocales judiciales correspondiera al Parlamento se incumplirían los estándares europeos y advierte de que ese mecanismo incrementa el riesgo de politización
Reunión del ministro de Justicia Félix Bolaños con miembros de la Comisión de Venecia
Reunión del ministro de Justicia Félix Bolaños con miembros de la Comisión de Venecia |EUROPA PRESS

La Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, se decanta claramente por que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos únicamente por los jueces, aunque ante el riesgo de politización de esa vía propone varias medidas para evitarlo.

En el dictamen que le pidió el propio Consejo General del Poder Judicial para la reforma del sistema de elección, publicado este lunes, la Comisión de Venecia deja claro que la otra opción que se le planteaba, la de que la elección final de esos vocales judiciales correspondiera al Parlamento incumple los estándares europeos.

La Comisión de Venecia insiste en que los estándares europeos establecen que en un sistema mixto como el español -en que una parte de los vocales (8 sobre 20) ya los elige el Parlamento- los vocales judiciales deben ser elegidos únicamente por los jueces en aras de la independencia del Consejo General del Poder Judicial del poder Ejecutivo y Legislativo.

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Los expertos europeos replican a los que han advertido del riesgo de politización a través de las asociaciones de magistrados si no hay intervención del Parlamento que es precisamente esa implicación del Parlamento la que acrecienta esos riesgos, a la vista de la experiencia de los últimos 40 años en España.

"La elección por el Parlamento de los vocales judiciales del CGPJ -señala- ha creado y fortalecido los vínculos entre las asociaciones judiciales y la esfera política, y eso se mantendría", dice.

No obstante, admite que el proceso de elección debe protegerse también de una politización interna a través de las asociaciones de magistrados; y, a ese respecto, hace alusión a las informaciones que ha recibido sobre el alineamiento de dos de las cuatro grandes que existen en España con las dos grandes orientaciones políticas, una conservadora y otra progresista.

Para tratar de evitar esa politización de la elección a través de esas asociaciones considera que no se tendría que exigir que los candidatos tuvieran el aval de 25 jueces o de una asociación de magistrados, como se sugería en una de las dos propuestas enviadas al Consejo de Europa, la de los jueces conservadores.

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El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha destacado este lunes que el dictamen de la Comisión de Venecia "avala" su modelo de elección del CGPJ en el que la carrera judicial "tiene que elegir a los doce vocales del turno judicial mediante un sistema que garantice la amplia representación de la judicatura".

"Ese es el modelo que propugnamos, de voto directo, ponderado, proporcional, transparente, que va a garantizar que estén representadas todas las sensibilidades de la carrera judicial", ha indicado el portavoz de la asociación en declaraciones distribuidas a los medios.

El Gobierno, pese a todo, defiende el actual modelo de elección de los vocales del Poder Judicial y argumenta que de esta manera se evita "que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar" el Consejo General del Poder Judicial . Destacan además que este modelo se consolidó sobre un pacto de Estado en el año 2001, fruto del consenso.

Por su parte el PP ha sostenido que el informe de la Comisión de Venecia avala su posición. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una declaración difundida a los medios, en la que ha denunciado la "tergiversación y manipulación" por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El Gobierno, ha advertido, "solo tiene un camino", que es el de "cumplir con los estándares europeos y avanzar con ello en la independencia judicial. Si se mantiene en su posición actual quedará acreditado que prefiere quedarse fuera de los estándares europeos del estado de derecho".