La Audiencia Nacional bloquea cuentas bancarias de Leire Díez, el expresidente de la SEPI y un socio de Cerdán
- Como parte de la investigación sobre una presunta trama de comisiones relacionadas con ayudas y contratos públicos
La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, considerado socio del exdirigente socialista Santos Cerdán.
La medida se enmarca en la investigación sobre una presunta trama de comisiones relacionadas con ayudas y contratos públicos.
La decisión ha sido ratificada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, según adelantó 'El Confidencial' y confirmaron a Europa Press fuentes del caso. El bloqueo inicial de cuentas fue adoptado por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a cargo de Antonio Piña, quien lideró los primeros pasos de la causa por estar de guardia antes de que el caso recayera en Pedraz.
Leire Díez, Antxon Alonso y el ex de la SEPI ofrecían edificios de Correos a cambio de comisiones
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones, implicando a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en cinco operaciones.
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados formarían parte de un grupo autodenominado 'Hirurok', que podría haber influido en diversos expedientes de la Administración pública en beneficio propio o de terceros, aprovechando su posición y relaciones.
Las claves de la detención de Leire Díez: ¿Y ahora qué?
El juzgado de Piña señala que los investigados actuaron de manera coordinada para obtener el máximo beneficio económico mediante cobro de comisiones y facturación irregular, canalizando fondos principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez. La actividad habría tenido lugar entre 2021 y 2023 y se habría extendido a varias administraciones públicas a nivel nacional, adoptando medidas para mantener la discreción y confidencialidad.
Se han identificado cinco operaciones en las que los investigados habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, que Fernández presidió entre junio de 2018 y octubre de 2019.
El juez Piña dejó en libertad a los tres investigados, imponiéndoles como medidas cautelares la retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
