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El instructor de la pieza del caso Púnica del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido hoy procesar al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez poco después de que este realizara su primera declaración en sede judicial por su presunta implicación en esa trama delictiva. En un auto, el magistrado Enrique Quiñonero pone a Sánchez a un paso del banquillo al dar un plazo de 10 días a las partes para que pidan la apertura de juicio oral o el archivo de las diligencias.

Señala que el fiscal, las demás acusaciones personadas y las defensas también podrán pedir de forma excepcional diligencias complementarias si las consideran indispensables para acusar.

El juez dice haber practicado las diligencias que tras estudiar las actuaciones de la Audiencia Nacional, que investiga el grueso del caso, ha creído "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y el grado de participación en ellos de los investigados con el resultado que obra en autos".

SÁNCHEZ: "LO QUE SE HIZO FUE ESCUCHARLES, PERO NO SE CONTRATO NADA"

En rueda de prensa tras declarar, Sánchez ha negado que contratara servicios con empresas de la trama y ha dicho que solo se reunió una vez con representantes de implicadas en ella a petición de estas, que insistieron durante 10 meses en lograr algún contrato.

Investigado por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, Sánchez habría acordado con esas empresas trabajos para mejorar su reputación en internet en 2014, cuando era consejero de Educación, y previsto cargar su pago al presupuesto de ese departamento.

Sánchez, que sigue siendo diputado regional y presidente del PP murciano, ha insistido en que nunca contactó con estas empresas por iniciativa propia ni se reunió cuatro veces con sus representantes, como apunta la investigación tras la que también ha resultado procesado hoy por los mismos delitos David Conesa, del gabinete del entonces consejero.

Por el contrario, fueron aquellos quienes mantuvieron una campaña "comercial agresiva" ofreciendo sus servicios y solo se encontró con ellos una vez en la que presentaron su proyecto, como pudo haber hecho "con tantos otros representantes" de todo tipo de entidades. "Lo que se hizo fue escucharles, pero no se contrató nada", ha repetido, tras lo que ha considerado que solo se le puede acusar de "marear" a esas empresas o de "atenderlas", pero no de que trabajaran con la consejería de la que él era titular.

Ha considerado "imposible" la idea de la acusación de que el contrato no se firmó porque días antes hubo detenciones de presuntos miembros de la trama pero estaba previsto empezar en "unas semanas", ya que para iniciar un expediente de contratación en una consejería se necesita un plazo de al menos cinco meses.

Ha recordado que ha presentado "más de diez certificados oficiales" que acreditan que "nunca se inició un expediente, nunca se dio el visto bueno, nunca se aprobó y nunca se concertó".

Ha mostrado una hoja de pedido de servicio de una de las empresas de la trama en la que aparece un presupuesto de 32.200 euros anuales para trabajos de reputación en internet pero en la que ni se han completado los campos referentes al contratante ni se ha firmado, sino que está en blanco.

Por último, ha lamentado que salga "gratis machacar a alguien con pruebas tan evidentes de que no ha habido nada".

CIUDADANOS: "NO PODÍA SER PRESIENTE DE LOS MURCIANOS NI UN MINUTO MÁS"

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la fiscal especial anticorrupción venida de Madrid, Teresa Gálvez, ha tenido destacado protagonismo al preguntarle cuestiones muy detalladas por las que algunas partes dicen creer que podría estar por la vía de acusar.

Entre las reacciones, la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, ha dicho que "frente a supuestas intenciones", están "los hechos, que dicen que no hubo nada" entre Sánchez y la trama.

El del PP autonómico, Víctor Martínez, ha mostrado su respaldo a su líder acompañándolo a su salida de los juzgados y durante la rueda de prensa que ha dado posteriormente en un hotel cercano.

Desde el PSOE regional, su secretario general, Rafael González Tovar, ha hablado del de hoy como "un nuevo día triste y de vergüenza para Murcia por estar de nuevo en primera línea informativa pasando por los juzgados y soportando acusaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y los fiscales por otro tema de corrupción".

El portavoz de Ciudadanos en la región murciana, Miguel Sánchez, ha dicho que la declaración en calidad de investigado de Sánchez reafirma la posición del partido naranja de que "no podía ser el presidente de todos los murcianos ni un minuto más".

Para el secretario general de Podemos en esa comunidad, Óscar Urralburu, Sánchez "miente cada vez que habla" del caso Púnica y "solo sabe contar cuentos que ya no convencen a nadie", porque es "obvio" que las tramas corruptas "no suelen dejar papeles oficiales, ni levantan actas de las reuniones ni aparecen en los registros de entrada. Por tanto -ha afirmado-, que deje ya de tomarnos el pelo".