El Ministerio del Interior tendrá listo a mediados de mes el plan de "reordenación" de escoltas, consistente en un recorte de alrededor de la mitad de efectivos para adaptar su número a la nueva situación, tras el anuncio de cese de la violencia de ETA y el principio de austeridad marcado por el Gobierno.
Según han explicado a Efe fuentes de Interior, en un plazo máximo de quince días una comisión, encargada de coordinar los servicios de protección y dependiente de la Secretaria de Estado de Seguridad, tendrá ultimado el catálogo de cargos públicos que deben contar con escolta atendiendo a una evaluación individual del riesgo.
Dicha comisión, que trabaja en este plan de reordenación desde hace unos meses, está integrada por altos cargos de la Secretaria de Estado de Seguridad, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Las mismas fuentes han señalado que la decisión de disminuir el número de cargos públicos con protección sigue dos criterios fundamentalmente: por un lado, adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre y, por el otro, criterios económicos para optimizar los recursos policiales.
Uno de los órganos afectados por el plan será la Audiencia Nacional, tribunal que instruye las causas que se siguen por terrorismo -tanto el de ETA como el islamista-, contra las redes de narcotráfico y contra la criminalidad organizada, protagonizada a menudo por mafias del Este caracterizadas por su violencia.
Allí, el anuncio de un recorte de las medidas de seguridad para los magistrados y los fiscales ha sido recibido con recelo, hasta el punto de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mostrándole su preocupación.
Fuentes del Ministerio Público, sin embargo, han asegurado a Efe que el plan de Interior no está cerrado y que el propio Torres-Dulce está en contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad para, después de recabar la opinión de los afectados, plantearle sus sugerencias.
"Llegaremos a un acuerdo, porque la predisposición de Interior es excelente", han señalado esas fuentes, que han subrayado que el fiscal general es consciente de la singularidad de los casos que se instruyen en la Audiencia Nacional.
