El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, detenido en la 'operación Púnica', ha sido trasladado desde la cárcel de Soto del Real a la de Estremera, mientras que el empresario David Marjaliza ha sido llevado a Aranjuez y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, a la de Navalcarnero.
Según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias, cuando hay muchos detenidos en una misma operación en un centro penitenciario se aconsejan los traslados por causas organizativas y de buen orden del establecimiento y más si, como en este caso, el juez considera a los arrestados miembros de una trama organizada.
No obstante, los tres siguen en prisiones de la Comunidad de Madrid, a disposición del juez instructor de la causa, Eloy Velasco. El magistrado de la Audiencia Nacional decretó el jueves el ingreso en prisión de Martínez y el viernes el de Granados y Marjaliza, a los que acusó de formar parte de una "organización criminal". Granados y Marjaliza son considerados los 'cabecillas' de la red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos desarticulada esta semana.
En un auto dictado este viernes, el magistrado atribuye a Granados los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.
Tras tomar declaración a los detenidos en la operación, el juez decretó prisión incondicional para siete personas: Granados, Marjaliza, el empresario Alejandro de Pedro, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; el director comercial de la empresa Cofely en España, Pedro García; la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza.
Otras 13 personas fueron enviadas a prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 300.000 euros, entre ellos los alcaldes de Parla, Collado Villalba y Torrejón de Velasco.
Por otra parte, el Gobierno y el PP consideran que las medidas anticorrupción que han impulsado durante la legislatura les hacen ser un "adalid" en la lucha contra esta lacra, pero observan con gran preocupación la "sangría" de casos que se siguen conociendo y temen que empañen esa labor y les pase factura en las urnas.
En este sentido, destacados barones del PP han propuesto en las últimas horas al Gobierno que adopte medidas anticorrupción.
Convertir la Cámara de Cuentas en órgano real de control. Prisión incondicional inmediata para los detenidos por corrupción. Eliminar los procedimientos negociados en los contratos de las administraciones.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha mostrado hoy contundente en contra de comportamientos corruptos en los partidos y ha pedido que "quien la haga, la pague", aunque ha minimizado su presencia en la sociedad española.
En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en Pamplona en un Foro de Empleo del PP, Báñez ha lamentado estos casos que "confunden el interés público con el privado" y ha insistido en que "esa no es la mayoría de la sociedad española", aunque "están a veces en los partidos políticos".
Son "conductas reprochables y que nos avergüenzan a todos", ha subrayado para contraponerlas a la de miles de concejales y alcaldes que en toda España llevan a cabo su trabajo "con honestidad".
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha acusado al PP de haberse "pasado mucho tiempo defendiendo a los corruptos, a Matas, a Fabra, a Camps, a Bárcenas y Acebes", mientras que el PSOE ha "dado de baja" a los suyos "en el momento en el que ha tenido información".
Tras una semana en la que se ha destapado la nueva trama de corrupción política que se investiga bajo el nombre de Operación Púnica y que el PP ha rechazado que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en un pleno monográfico para hablar de los casos que afectan a los populares, Hernando ha defendido, en una entrevista con EFE, que "hay mucha diferencia" entre la forma que han tenido los dos grandes partidos de abordar este problema.
A su juicio, el Gobierno se ha "equivocado de nuevo" al "dar la espalda a algo que sí está debatiendo la sociedad".
"La gente está indignada, muy enfadada y quiere que se le den respuestas y explicaciones y quien tiene que darlas sobre todo es el Gobierno", argumenta el portavoz del PSOE, para quien Rajoy "parece como los niños, que cuando se tapan los ojos pretenden que la realidad no exista".
