Seguimos conociendo más novedades en el caso de los ERE de Andalucía. Según publica el diario El Mundo, 334 personas que se beneficiaron de las ayudas derivadas a los mineros, eran intrusos.
No formaban parte del gremio y muchos de ellos, no tenían ni la edad mínima para prejubilarse. Son nuevas pruebas que forman parte del atestado, que ayer conocimos de la Guardia Civil, en el que acredita que Manuel Chaves conocía el fraude multimillonario desde 2004.
Se trata de uno de los macroprocesos de prejubilaciones más costosos para la Administración autonómica, que se comprometió a abonar a las aseguradoras más de 138,23 millones de euros.
La Guardia Civil ha acreditado pagos por al menos 130,84 millones entre septiembre de 2003 y finales de 2010. Mientras que la Guardia Civil considera que la actuación del Gobierno central fue escrupulosa, la Junta creó "un atajo" que le permitió conceder ayudas a colectivos "sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las mismas".
Y todo con un fin, comprar el "favor popular" para asegurarse la "paz social" en la comarca.
CATALÁ: “ME SORPRENDE QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO”
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado a Efe sobre las explicaciones que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han dado en su declaración ante el Tribunal Supremo en el caso de los ERE: "Me sorprende que se pueda alegar desconocimiento".
"Conociendo como conozco la práctica en el funcionamiento de la Administraciones Públicas, me sorprende que se pueda alegar desconocimiento de unas prácticas tan irregulares, tan graves como las que se están investigando", ha dicho Catalá.
Preguntado sobre la comparecencia de Chaves y Griñán ante el instructor del caso de los ERE en el Supremo, Catalá ha asegurado que, por lo que ha conocido por los medios de comunicación, "lo que parece que han reconocido, porque la instrucción así lo pone bien claro de manifiesto, es que ha habido numerosísimas irregularidades en la gestión de fondos públicos".
"Es muy preocupante que haya habido ese mal uso de fondos públicos destinados, además, a políticas de empleo, de formación, a políticas que intentan ayudar a la gente, y que haya habido mal uso de esos fondos es gravísimo", ha señalado el titular de Justicia.
