Griñan firmó una desviación de 1,2 millones de euros para el fondo de los EREs en Cádiz

  • El exdirector de Trabajo andaluz, Juan Márquez, se acoge a no declarar ante la Guardia Civil
  • Arenas: "Griñán debería responder ante la gravísima irresponsabilidad de incrementar los fondos de los ERE"

Hoy hemos conocido un documento que implicaría directamente al candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la trama de los ERE. Griñan firmó de su puño y letra una desviación de 1,2 millones de euros al fondo de los ERE en Cádiz cuando Manuel Chaves era presidente de la Junta.

La campaña electoral socialista en Andalucía avanza al mismo ritmo que los escándalos que salpican a su candidato.

Este miércoles, el diario ABC publica un documento con la firma de José Antonio Griñán aprobando la modificiación de los presupuestos andaluces de 2008. De su puño y letra, Griñán autoriza la transferencia de un millón doscientos mil euros de una partida destinada a la planificación para el empleo al conocido "fondo de reptiles".

Griñán firmó y lo hizo cuando era el consejero de Economía y Hacienda. El Presidente de la Junta era Manuel Chaves. Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el pasado viernes, era el director general de Trabajo, y, el que le sucedió Juan Marquez, también imputado, se negaba hoy a declarar ante la Guardia Civil.

El candidato socialista en campaña, José Antonio Griñán, no se ha referido a lo publicado en el diario ABC. Quien sí ha sacado pecho por él ha sido Trinidad Jiménez. La diputada y secretaria de Política Social del PSOE, ha rechazado este miércoles que exista algún tipo de implicación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración autonómica. "En absoluto. Esto lo rechazo de plano. Pongo la mano en el fuego de que no existe ninguna implicación del presidente Griñan" ha manifestado en una entrevista en Telemadrid, en la que ha recordado que fue la Junta de Andalucía quién "llevó los papeles a la Fiscalía y pidió que se abriera una investigación".

En este sentido, ha denunciado que en relación al caso de los ERE se está haciendo "una utilización política permanente" por parte del PP "para la campaña electoral". "Estoy segura de que cuando todo se esclarezca los ciudadanos van a poder apreciar la verdad", ha asegurado. "Este asunto está en los tribunales y prefiero que siga así. Yo espero que la justicia actúe y determine todo tipo de responsabilidades", ha señalado.

Para Javier Arenas, también en campaña, Griñán actuó obviando los informes que le advertían de las irregularidades. El presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, ha asegurado que José Antonio Griñán, "debería responder ante la gravísima irresponsabilidad en la que se sitúa, tras haber incrementado los fondos de los ERE".

Arenas ha considerado "obvio" que el presidente de la Junta conocía lo que se hacía con las partidas para ayudas sociolaborales, así como también los informes realizados por la Intervención General de la Junta, "que advertían de que ningún procedimiento era legal", ha apuntado.

Arenas ha mostrado su convencimiento de que las responsabilidades por el fraude de expedientes de regulación de empleo (ERE) llegan a "los despachos de dos presidentes", refiriéndose así a José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

LA JUEZ CITA AL EX.CONSEJRO FERNÁNDEZ Y AL EXDELEGADO ANTONIO RIVAS

La juez que investiga los ERE irregulares ha citado a declarar, como imputado, al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que comparecerá el 19 de abril, y al exdelegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, que lo hará el 26 de julio. La juez Mercedes Alaya continúa así las declaraciones de altos cargos de la Junta, que inició la semana pasada con Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, que ingresó en prisión sin fianza.

Hoy también estaba citado como imputado ante la Guardia Civil Juan Márquez, exdirector general de Trabajo que se acogió a su derecho a no declarar.