El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha negado que su firma fuera determinante para que el Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin cobrara de la Generalitat valenciana por la organización de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.
"Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos, pero también es verdad que mi firma está porque hubo un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat valenciana y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos", ha indicado en una declaración a los medios de comunicación tras comparecer como testigo ante el juez instructor del caso, José Castro.
"Porque yo firmara el Instituto Nóos no recibió ni un solo euro de dinero público. Porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público a lo mejor me lo habría pensado mucho más", ha añadido.
"Aquel convenio -ha insistido- sin mi firma, le hubiera supuesto el mismo dinero a Nóos, y solo con mi firma no le habría supuesto ni un euro a Nóos".
Ha asegurado que lleva "más de un año" con ganas de explicar esto y que si ha guardado "silencio" hasta la fecha ha sido por "respeto" al juez Castro y a su investigación. "Ya está bien --se ha quejado-- de informaciones que relacionan mi firma con el pago a Iñaki Urdangarin", al tiempo que ha advertido de que, tras estas declaraciones, volverá a guardar silencio.
El interrogatorio de Castro a González Pons ha girado en torno al convenio rubricado el 23 de diciembre de 2005 con el Instituto Nóos, en virtud del cual esta entidad se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.
Según consta en el sumario del caso, por la preparación de estos juegos que nunca llegaron a celebrarse el Instituto Nóos percibió 382.203 euros procedentes de Presidencia de la Generalitat Valenciana.
González Pons se ha desplazado hasta los Juzgados de Madrid en Plaza de Castilla para declarar ante el juez Castro, tras haber renunciado a la posibilidad de ser interrogado en su despacho oficial que le concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 412.5 Primero de esta norma permite a los diputados, así como a otros numerosos altos cargos y autoridades, quedar exentos de acudir a las dependencias judiciales.
EL DEBER DE UN POLITICO DE ESTAR "A PIE DE JUZGADO"
El dirigente político ha justificado esta renuncia a ser interrogado en su despacho porque cree que "éste es un momento" para que los políticos no utilicen sus derechos sino que estén "a pie de calle" y si se les requiere, "a pie de juzgado".
El dirigente popular ya fue citado a declarar por el juez en mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de nueva fecha. González Pons, que se ha negado a hablar sobre el contenido del interrogatorio, tan solo ha indicado que espera que su testimonio haya servido al magistrado para "avanzar en su investigación" de un asunto "de mucha importancia".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Nóos, ha citado entre hoy y mañana a un total de 20 personas como testigos de la causa en Madrid, y más tarde se trasladará a Barcelona para interrogar a otras 15.
Esta tarde también estaba llamado a declarar el asesor jurídico externo de la Casa Real y conde de Fontao, José Manuel Romero, sobre sus supuestos trabajos de mediación y asesoramiento a Urdangarin en relación a su posición en Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), impulsada presuntamente por el duque y su exsocio Diego Torres meses después de que, en 2006, el Rey Don Juan Carlos ordenase a Urdangarin abandonar sus negocios.
