La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado hoy que una vez que concluya la instrucción el caso del "procés" en el Tribunal Supremo se evaluará la situación de los presos preventivos que han solicitado un traslado de prisión y "se actuará para bien de todos".
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha hecho referencia a la discrepancia surgida ayer entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez que instruye la causa del "procés", Pablo Llarena, sobre la competencia en materia de traslado de presos.
Según Celaá, es "una cuestión de matices", ya que el Gobierno sabe, y supone que el juez Llarena también, que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor y que acabadas las diligencias pueden ser trasladados y están bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias.
Por su propia seguridad y para facilitar el trabajo del juez de instrucción, los presos preventivos están cerca de ese juez instructor y una vez acabadas las diligencias la responsabilidad es de Instituciones Penitenciarias, ha argumentado la portavoz. La instrucción acabará próximamente, pero Celaá ha evitado hablar de decisiones futuras que pueda tomar el Consejo de Ministros.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron ayer que ese departamento no tiene previsto trasladar a los presos que impulsaron la declaración unilateral de independencia: el exvicepresident Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La embrollo de ayer partió de unas declaraciones del titular de ese Ministerio, que señaló que la competencia sobre los traslados de los presos preventivos, sin sentencia firme, correspondía a los jueces, y no a Instituciones Penitenciarias. Poco después, en un auto, el juez Llarena dejó claro que la competencia era de Instituciones Penitenciarias, según determina la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Reglamento Penitenciario, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo.
EL PP DEFIENDE QUE LOS PRESOS SIGAN EN CÁRCELES MADRILEÑAS MIENTRAS CONTINÚE LA INSTRUCCIÓN
El PP defiende que las personas que están en prisión preventiva por su participación en el proceso independentista catalán sigan en cárceles madrileñas mientras continúe la instrucción de los procedimientos en los que están inmersos para estar así cerca del Tribunal Supremo por si son requeridos por el juez Pablo Llarena.
Así lo ha explicado este viernes en el Congreso el portavoz adjunto del Grupo Popular Carlos Floriano, quien se ha agarrado a la opinión de los "expertos" para desaconsejar el acercamiento a Cataluña de los exconsejeros y los líderes de entidades independentistas, al menos hasta que haya un auto de procesamiento.
En este contexto, ha señalado que es "más razonable" que durante la fase de instrucción los presos preventivos estén cerca de los juzgados que llevan sus causas, para que así sus titulares puedan tomarles declaración con más facilidad.
TORRENT DENUNCIA A LLARENA
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este viernes al juez instructor de la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la cámara y prevaricación judicial. En la denuncia, que se ha presentado la mañana de este viernes en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, se sostiene que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
Considera que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
"La limitación de los derechos de los diputados no violenta
únicamente sus derechos subjetivos, y constituye un ataque contra la institución que presido, sino también contra los derechos de todo el pueblo de Cataluña, que han visto limitados sus derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario", defiende Torrent en la denuncia.
La denuncia se formula por un delito de detención ilegal del artículo 167 o del 530 del Código Penal, un delito de quebrantamiento de la inviolabilidad de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma del artículo 499 y 500, un delito de impedir el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 y prevaricación judicial, del artículo 446.
