El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas en el actual ejercicio de 1.342 millones de euros para el desarrollo de políticas activas de empleo, "y con la finalidad esencial de inserción laboral de las personas que están desempleadas".
Así lo ha expresado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros, donde también ha informado de que esta aportación complementa las dedicadas por las propias comunidades autónomas en sus políticas activas de empleo.
Santamaría ha explicado que de los 1.342 millones, 951 se destinarán a acciones de Formación Profesional, 361 a medidas de fomento al empleo, la contratación y la igualdad de oportunidades y 30 millones a la modernización de los servicios de empleo.
Ha explicado que estas partidas serán gestionadas por las comunidades con competencias asumidas y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
DETECTA MÁS DE 2.700 LEYES ESTATALES Y AUTONOMICAS QUE AFECTAN A LA UNIDAD DE MERCADO
El Gobierno ha elaborado un plan de racionalización normativa con el que han contabilizado más de 2.700 normas, tanto estatales como autonómicas, que estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que de las 6.500 analizadas, 2.700 normas tenían "incidencia negativa o mejorable", de las que aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos.
Este Plan de Racionalización Normativa acompaña al proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre y que ya está en el Senado para continuar su trámite parlamentario.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remarcó que objetivo de este estudio va en relación con el interés del Ejecutivo de "simplificar el sistema normativo" y "eliminar trabas del complejo sistema normativo español". Según la vicepresidenta, se busca así "eliminar la dispersión y el exceso regulatorio".
Guindos indicó que la "limpieza de burocracia" ya se ha empezado en el caso de las normativas estatales y confía en su conclusión dentro de seis meses, mientras que en el rango autonómico, el ministro se mostró seguro de que las CCAA "van a colaborar" y ayudar en esta reducción burocrática, porque este plan va a ayudar a la mejora de la renta española.
