El Gobierno aumentará el umbral de los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas, y elevará a tres años la duración de los alquileres del Fondo Social de Viviendas dentro de un paquete de medidas para proteger a los colectivos más vulnerables.
Estas son algunas de las propuestas presentas hoy por el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la defensa en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se presentarán como enmiendas al texto.
Estas medidas afectarán a la Ley Hipotecaria, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de otras que hacen referencia al Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo.
Así, según adelantó De Guindos, el Gobierno quiere que los intereses de demora de las hipotecas se limiten a tres veces el tipo de interés legal del dinero, actualmente en el 4 %.
Además, se reforzará la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades, ya que la banca deberá aceptar la tasación homologada aportada por el cliente.
También se reducirá del 25 % al 10 %, el porcentaje de participación de la banca en estas sociedades.
Asimismo, se quieren agilizar los procedimientos judiciales y realizar subastas "on line" de las viviendas, además de limitar a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización.
En este sentido, el ministro dijo que no se prohíben la concesión de hipotecas a más de 30 años, solo que no podrán forman parte del grupo que se incluyen en las cédulas hipotecarias, por lo que se limita indirectamente.
"Si nos vamos a más plazo, la posición del deudor puede ser más vulnerable". "30 años, es un límite suficientemente amplio", señaló.
LOS JUECES PODRÁN CONDONAR EL PAGO DE LA DEUDA
Otra de las medidas contempla que en una ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, el juez podrá condonar el pago de la deuda en el caso de que el deudor pague el 65 % del total pendiente en el quinto año desde la adjudicación del bien tras el proceso de subasta, o el 80 % en el décimo año.
En caso de que la entidad que se queda con la casa obtenga ganancias con su venta en esos 10 años, el 50 % de ese beneficio vaya a reducir la deuda del hipotecado.
También se prevé rebajar el aval necesario para participar, del 20 % al 5 % del valor de tasación del inmueble, y ampliar el plazo de 20 a 40 días para que el adjudicatario encuentre financiación.
Igualmente, el Ejecutivo propone impedir que la tasación que se utiliza para la subasta sea inferior al 75 % del valor de tasación del inmueble en el momento de la escritura y establecer que hasta que no se hayan producido tres impagos, no se reclamen las cuotas al deudor.
En cuanto a las diferentes cláusulas abusivas, como las denominadas de "suelo", el Gobierno exigirá la expresión manuscrita de su aceptación en la escritura de la hipoteca.
Sobre el Código de Buenas Prácticas, el ministro explicó que el Gobierno ampliará el umbral para los beneficiarios, con lo que podrían acceder familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 1.600 euros mensuales.
En el caso de la dación en pago, se reducirá del 20 % al 10 % el interés de demora por impago del alquiler y se modificará su comisión de seguimiento, ampliando el número de miembros.
En cuando al Fondo Social de Viviendas, constituido el pasado 17 de enero, se modificará la duración de los alquileres que será de dos años prorrogables a tres.
El ministro ha hecho estos anuncios durante el debate de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, BNG e Izquierda Plural al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que han sido rechazadas.
