El Consejo de Ministros aprobará este viernes un anteproyecto de ley en el que incluirá una serie de medidas para recudir el fraude fiscal, como la limitación del uso de efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga al menos un empresario profesional. Los que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados. El Ministerio de Hacienda perdonará la sanción al pagador o receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando éste comunique el fraude a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago. Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y ésta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.
Esta medida entrará en vigor de forma inmediata, tal y como ha dicho el Gobierno, aunque también ha avanzado que otras iniciativas incluidas en el mismo texto empezarán a funcionar en 2013 porque es mejor que coincidan con el inicio de un año natural. Una de estas iniciativas podría ser la que obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero, anunciada este jueves por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Además, se incluirán otras medidas para completar el plan de lucha contra el fraude para el año 2012, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones.
DEPORTISTAS Y ARTISTAS, EN EL PUNTO DE MIRA
Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicadas en su día por el Gobierno, la Agencia Tributaria situará en su punto de mira a deportistas y artistas, a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal. En concreto, Hacienda explicó que, en el marco de este plan, se hará "especial hincapié" en las conductas fraudulentas que generan "alarma social".
En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los "entramados" societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares"."Serán objeto de atención preferente aquellos profesionales que obtienen ingresos no sometidos a retención a cuenta y aquellos que incorporen como gastos de la actividad partidas que, en realidad, son gastos de naturaleza personal", precisaba el Gobierno en sus directrices.
También será prioritaria la desarticulación de circuitos de economía sumergida, que tendrán como objeto central el control integral de las importaciones y venta de mercancías procedentes de terceros países, especialmente de Asia, así como el descubrimiento de arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio, fundamentalmente en polígonos industriales.
Para detectar estos arrendamientos, Hacienda rastreará el consumo de energía a fin de localizar inmuebles donde se pueden estar desarrollando actividades no declaradas, así como los terminales de tarjetas de crédito para obtener la relación de entidades que desvían parte de su facturación a otros terminales, que incluso pueden encontrarse a nombre de terceros.
FACTURAS FALSAS Y COMERCIO ELECTRONICO
Dentro de la economía sumergida, los planes de Hacienda priorizan también las emisiones de facturas falsas irregulares, en especial, de los contribuyentes que tributen en régimen de estimación objetiva, así como los tramas de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias. El plan contempla también prestar especial atención al comercio electrónico, con la finalidad de realizar un análisis de los flujos financieros y reales de las empresas que operen en este sector y detectar ventas ocultas no declaradas.
Asimismo, los inspectores "pondrán el máximo empeño" en hacer aflorar rentas ocultas en paraísos fiscales. Dentro de la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales, será prioritaria la persecución del contrabando de cigarrillos que, según Hacienda, experimenta actualmente un "importante incremento" debido, entre otros factores, a la crisis económica.
De acuerdo con este plan y para que la labor de la lucha contra el fraude no sea inútil, la Agencia Tributaria volcará sus esfuerzos en lograr que las deudas tributarias sean ingresadas en las arcas públicas. "La Agencia Tributaria está llamada a cumplir un importante papel en el proceso de consolidación fiscal, necesario para sentar las bases de un crecimiento económico sólido y estable, procurando mayores ingresos tributarios", se dice en el plan.
POTENCIAR EL EMBARGO PREVENTIVO
Para ello, la Agencia se propone aprovechar "al máximo" las posibilidades legales del embargo preventivo de bienes y derechos y las de aplicación de medidas de aseguramiento del pago de las responsabilidades derivadas del delito fiscal, "llegando incluso a solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes", y las dirigidas al especial seguimiento de la situación patrimonial de los deudores que, de forma recurrente, no pagan sus deudas.
El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.
En materia de fiscalidad internacional, Hacienda prestará especial atención a las personas que residen en España pero localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo en territorios de baja tributación o paraísos fiscales, con el propósito de eludir el pago de impuestos en España.
Las operaciones de ingeniería fiscal también estarán especialmente vigiladas. En concreto, se estrechará el cerco sobre la acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, así como la compensación anticipada o irregular de bases imponibles negativas generadas fuera de España. La utilización de estructuras opacas y entramados societarios y el uso de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para desviar rentas procedentes de actividades económicas serán otros aspectos que se controlarán.
Finalmente, y como consecuencia del aumento de los concursos de acreedores derivados de la crisis económica, se elaborará un plan específico para los deudores en proceso concursal, que permita clasificarlos y priorizar aquellos que por el importe de su deuda o especiales características requieran un mayor seguimiento.
