El Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico 2013-2016, aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, una nueva estadística de carácter trimestral que reflejará la "verdadera realidad" de los desahucios en España y que servirá para implementar las medidas necesarias para frenar estos procesos.
Así lo ha indicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha asegurado que "es necesario conocer a fondo" los datos relacionados con los desahucios para poder implementar medidas en este ámbito.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para frenar los desahucios, pero se ha encontrado con la "dificultad" de disponer de datos "dispares y no lo suficientemente desagregados".
Estos datos provenían hasta ahora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Instituto Nacional de Estadística (INE) o de las entidades financieras. Con el Real Decreto aprobado este viernes se crea una nueva fuente de información, que se encomendará al INE, con la colaboración de los agentes del Registro de la Propiedad y Mercantil.
Estas instancias aportarán datos para poder conocer la evolución trimestral de las ejecuciones según la naturaleza de las fincas. En este punto, Sáenz de Santamaría ha explicado que "no es lo mismo" una ejecución de una primera vivienda, en la que la familia puede perder su vivienda habitual, que el de una vivienda vacacional, un local de negocio o una nave industrial, casos que hasta ahora aparecían agregados en las estadísticas.
Del mismo modo, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que en los datos que se recababan hasta la fecha tampoco se distinguía entre ejecuciones hipotecarias y aquellas referidas a contratos de alquiler.
PASO PREVIO PARA LA NUEVA NORMATIVA SOBRE DESAHUCIOS
La vicepresidenta del Gobierno, ha insistido en que esta nueva estadística "se utilizará para conocer nuevas realidades" y "como aproximación a la verdadera realidad de los desahucios", antes de introducir nuevos cambios normativos.
Sáenz de Santamaría ha recordado que, de momento, el Pleno del Congreso convalidó el pasado jueves, 29 de noviembre, el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que se tramitará como proyecto de ley por unanimidad de las formaciones parlamentarias.
Esta norma establece una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias y prevé la creación de un parque de viviendas sociales con rentas de entre 150 y 400 euros mensuales para las familias afectadas por desahucios, dos medidas que, según el Ministerio de Economía, beneficiarán a más de 120.000 hogares y hasta 600.000 familias, respectivamente.
Así, Sáenz de Santamaría ha recalcado que tras estas "medidas de choque" el Gobierno aprovechará el trámite del decreto como proyecto de Ley para acordar medidas con los Grupos Parlamentarios de forma que el resultado sea una normativa "lo más equilibrada posible", que compatibilice el funcionamiento del mercado hipotecario y la protección a las familias.
Las cuestiones sobre las que el PP prevé actuar, ha dicho, serían las cláusulas abusivas, los umbrales de renta para poder beneficiarse del Código de Buenas Prácticas de la banca, que hasta la fecha ha tenido escasa incidencia en el plano de los desahucios, los intereses de demora o los mecanismos de supervisión
COPIA PRIVADA
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que con este Real Decreto se realiza el desarrollo reglamentario previsto en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, por el que se suprimía el denominado 'canon digital'.
Con él, se regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes estarán destinados a soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto.
Según ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno, la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Sáenz de Santamaría ha recordado que una de las primeras medidas aprobadas por Gobierno fue suprimir el canon digital, por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los ciudadanos.
De esta forma, el Real Decreto aprobado este viernes "permitirá llevar a cabo esa compensación" y cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la UE y de la Audiencia Nacional, como la Sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los Estados Miembros de la UE por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas.
Asimismo, se aporta una mayor competencia a la Administración General del Estado en cuanto al control de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión de derechos de autor por este concepto.
Sáenz de Santamaría ha aclarado que esta norma "solo determina quién recibe esa compensación, con criterios objetivos de repartos", pero "no se establece ningún tipo de impuesto añadido al usuario". "Se da cumplimiento a ese decreto ley que eliminó el canon de los aparatos de reproducción y ahora son los Presupuestos Generales del Estado los que fijan una cantidad que se reparte, pero no se fija ningún nuevo impuesto", reitera.
CUANTIA Y DISTRIBUCION
La determinación de la compensación equitativa por copia privada se basa en el perjuicio causado a los autores y sigue los criterios que están inspirados en las previsiones de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001.
Entre ellos, figuran: la estimación del número de copias realizadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, el precio medio y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras, el daño mínimo, la aplicación de medidas tecnológicas o el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones.
En el primer trimestre de cada año se iniciará el procedimiento de determinación de la cuantía sobre los datos del año anterior y será el Ministro de Educación, Cultura y Deporte quien resuelva la cuantía correspondiente al ejercicio anterior y establezca su distribución entre cada una de las modalidades de reproducción afectadas por la copia privada: audio, video y libro.
En cuanto a la distribución de la compensación, el Real Decreto prevé que sean las propias entidades de gestión concurrentes en una misma modalidad de reproducción las que acuerden la determinación de sus propios porcentajes de reparto.
Asimismo, establece que las entidades de gestión deberán dedicar un 40 por ciento del importe de la compensación equitativa por copia privada a la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.
Por último, el reglamento indica que la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido, tomando como base la estimación de perjuicio causado por este concepto y siempre sobre una serie de estadísticas. Esta cantidad se determinará dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.
SANTAMARÍA CELEBRA QUE SE DESCUBRAN DELITOS COMO LOS DE DÍAZ FERRÁN
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha celebrado que se descubran prácticas delictivas como las del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y que "algunos acaben donde tienen que acabar".
Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por si el Gobierno estudia desarrollar nuevas medidas contra el fraude después de que se haya descubierto que la declaración de la renta de Díaz Ferrán del año 2010 salió a devolver.
Sáenz de Santamaría, que no ha mencionado en ningún momento el nombre de Díaz Ferrán, ha recordado las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno en el marco del último plan de lucha contra el fraude, así como las modificaciones legales que ha incluido en otras leyes, como los cambios sobre el delito fiscal.
A su parecer, estas medidas refuerzan la capacidad de investigación de Hacienda para evitar delitos como el de alzamiento de bienes, una de las causas por las que ha sido detenido Díaz Ferrán.
