La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que los elementos fundamentales de la reforma educativa están "cerrados" para el Ejecutivo, y ha asegurado que se aprobará este mes de mayo.
Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) entró la pasada semana en comisión de subsecretarios con algunas "observaciones" y que, por tanto, como cualquier otra ley, no se eleva mientras no se resuelven.
Sobre la cuestión lingüística ha dicho que el Gobierno quiere trabajar de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en un sistema que garantice la libertad de enseñanza y de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
"Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional" y, según la vicepresidenta, se hará con "los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial", es decir, que ciudadanos, padres y alumnos reciban la educación "en la lengua que han decidido".
EL CASTELLANO
El castellano es la lengua oficial del Estado y las Comunidades tienen en su caso lenguas cooficiales que regulan sus Estatutos autonómicos, que "hay que respetarlos" en los marcos de competencia siempre que "respeten la Constitución, y en esas estamos", ha añadido. Sáenz de Santamaría ha añadido que la Administración central ha procurado "especialmente" con Cataluña escuchar sus alegaciones pero que el Gobierno tiene que "garantizar el cumplimiento de la Constitución y las sentencias de los tribunales".
La vicepresidenta ha comentado que buscarán "apoyos" pero que lo primero es cumplir con los cambios educativos que son "imprescindibles" porque "no salimos bien en ningún índice -académico- medianamente importante". "No he encontrado ningún argumento que diga que es mejor seguir con lo que tenemos cuando está provocando lo que estamos viviendo", ha subrayado la vicepresidenta en relación a las altas cifras de fracaso escolar y desempleo juvenil.
LA OPOSICIÓN PIDE DIÁLOGO
La mayoría de los partidos políticos de la oposición han pedido hoy al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que aproveche el aplazamiento de la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma educativa para lograr el consenso que hasta el momento no ha conseguido.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al presidente del Gobierno que retire el proyecto de reforma de la ley educativa "que da sustento a los recortes del ministro Wert" y que "retome el diálogo".
A su juicio, las manifestaciones y la huelga de ayer, así como los encierros en centros de enseñanza de las últimas semanas evidencian que "no se puede desarrollar una reforma educativa sin el apoyo de nadie".
"El contenido de esta ley que pretende aprobar el Gobierno va en contra de los principios que desde siempre se han aplicado en las reformas educativas, segrega al alumnado, enfrenta a la escuela pública y la concertada y va contra la igualdad de oportunidades", ha asegurado.Esta ley, en opinión del secretario general del PSOE, "va contra todo y contra todos", y por este motivo ha insistido en pedir su retirada.
La diputada de IU y portavoz en la Comisión de Educación del Congreso, Caridad García Álvarez, ha dicho que el Gobierno se ha dado cuenta de que con esta ley había emprendido un camino que "tenía en contra a todo el mundo" y ha decidido aplazar su aprobación para intentar "resolver alguno de los flecos" que el propio dictamen de Estado le manifiesta.
NO CONFÍA EN EL CONSENSO
Ha destacado que Wert, además de ser el ministro "peor valorado" por los ciudadanos, ha conducido a la comunidad educativa "a la manifestación y a la controversia" que se podían haber evitado si se hubiera practicado "el consenso".
Sin embargo, García "sinceramente" no confía en que durante el aplazamiento el ministro vaya a consensuar, sino que el Gobierno estudiará la forma de introducir "aquellas cuestiones que plantea el Consejo de Estado que puedan ser modificables, pero dentro de los parámetros que tienen ya perfectamente previstos para una ley de educación desde su punto de vista ideológico".
El portavoz de Educación en el Congreso de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado que los grupos no sepan aún cómo va a quedar el anteproyecto tras la fase del dictamen del Consejo de Estado, aunque ha confiado que en la próxima comparecencia de Wert ante la Comisión de Educación del Congreso, el próximo día 22 de mayo, explique "qué ocurre con la Lomce".
Ha resaltado que la tramitación de la Lomce está "demasiado sometida a presiones extraparlamentarias", es decir, que el Gobierno, en su opinión, ha buscado antes el acuerdo con comunidades autónomas, sindicatos y otros agentes sociales que con lo que es "el diálogo con los grupos parlamentarios".
En CiU, Martí Barberà ha pedido al ministro de Educación que sea consciente de que es necesario desde hace años un pacto de Estado de educación, como también se lo ha reclamado a los socialistas, y ha añadido que su formación no desea que se creen conflictos con la educación.Espera que el tiempo que se dé el Gobierno para aprobar la ley sirva para atender a las recomendaciones del Consejo de Estado y para que se mejore la memoria económica y otros muchos aspectos, a la espera de la comparecencia del ministro en el Congreso del próximo 22 de mayo.
Para la portavoz parlamentaria de PNV en Educación, Isabel Sánchez, el retraso en la aprobación en Consejo de Ministros de la Lomce significa que "van a rectificar en los términos que indica tanto el Consejo de Estado como los grupos parlamentarios y como la totalidad de la opinión pública". Sánchez ha recordado que su grupo ha pedido desde el principio "consenso y diálogo para una ley tan importante como la educación".
