El Gobierno alerta de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento con una "coyuntura económica insostenible" y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general.
"Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger", asegura el documento.
A juicio del Gobierno, la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes "gravísimas" no solo para los intereses de Cataluña sino para el interés general de España e implicaría aislar una economía catalana que hoy está "plenamente integrada" en España y en la UE.
Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana. También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo.
Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña. "La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña", avisa.
Incluso la creación de una moneda y un banco central propios resultaría "inviable", asegura, por el elevado nivel de déficit público lo que harían irremediable una "inflación desproporcionada" y una contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión. La pretendida independencia también tendría efectos negativos para la financiación pública con "tensiones presupuestarias" evidentes.
Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada por la "erosión" de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y empresas, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea.
Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, "hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación".
Más allá de lo que sucedería con una hipotética independencia de Cataluña, el Ejecutivo constata que las pretensiones secesionistas ya "están motivando un serio deterioro del bienestar social y económico" en Cataluña. Y recuerda que además de la progresiva fractura de la convivencia se han "puesto en riesgo" las condiciones para el crecimiento económico.
Subraya así que en las últimas semanas cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña, entre ellas, seis de las siete del Ibex35 y un gran número de empresas relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social en Cataluña. Recuerda asimismo la caída de las reservas turísticas, la disminución de pedidos de automóviles o la bajada de las ventas en las grandes superficies.
Desde el Gobierno se destaca asimismo que dos de las principales agencias de calificación crediticia han alertado sobre la posible bajada de la calificación de la Generalitat y los efectos negativos que puede haber en Cataluña, con una nueva recesión.
