El juez Baltasar Garzón ha vuelto a justificar como legal su decisión de intervenir las conversaciones que los 'cabecillas' de la trama "Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados, durante su declaración voluntaria de este lunes ante el Tribunal Supremo. La declaración se prolongó algo más de hora y media sin que pudiera ser preguntado por las partes, según han manifestado fuentes presentes en la comparecencia.
El juez Baltasar Garzón ha pedido a Alberto Jorge Barreiro, magistrado instructor de la causa que sigue el Tribunal Supremo contra él por ordenar las escuchas entre los imputados en prisión en el caso "Gürtel" y sus letrados, tener acceso a esas conversaciones, lo que le ha sido negado. Así lo han indicado fuentes de la acusación al término de la declaración de Garzón ante Jorge Barreiro, ante el que ha reiterado que no delinquió al ordenar las escuchas de los imputados del caso "Gürtel" mientras investigaba -ha recordado- unos hechos delictivos.
Garzón ha declarado durante menos de dos horas a petición propia ante Jorge Barreiro, que instruye la causa contra él por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales. Según ha explicado el abogado del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, José Antonio Choclán, el instructor le ha denegado "con buen criterio", en su opinión, el acceso a dichas conversaciones porque "es absurdo" adentrarse en su contenido porque no guarda relación con el objeto de la causa pues esas intervenciones fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En concreto, ha solicitado acceder a las grabaciones realizadas a partir del 20 de mayo de 2009, cuando el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, dictó un auto de prórroga de las escuchas que anteriormente había ordenado Garzón.
Según ha señalado a los periodistas el abogado de la acusación Ignacio Peláez, que presentó la querella contra Garzón, el testimonio del juez no ha aportado nada nuevo a la causa. "Ha sido una especie de discurso exculpatorio", ha indicado Peláez, que ha explicado que el instructor no ha permitido que las acusaciones realizaran preguntas a Garzón por tratarse de una declaración a petición del acusado.
Garzón ha relatado que ordenó la intervención de las comunicaciones mientras investigaba unos hechos delictivos y que no quebró el derecho de defensa de los letrados, sino que se limitaba a tratar de escuchar lo que decían los principales imputados de la Gürtel: Francisco Correa y pablo Crespo.
"Lo que ha hecho es justificarse, nada más. No ha dicho nada nuevo, lo que ha hecho ha sido volver a reiterar lo que ya había declarado en su momento e intentar justificar las cosas que había hecho", la razón por la que dictó los autos ordenando las escuchas, ha insistido Peláez. "Sigue diciendo que cree que no ha cometido ningún tipo de actuación delictiva, que espera que ya se pase esto a juicio", ha señalado el letrado.
Baltasar Garzón, que llegó esta mañana sobre las 10.20 horas a la sede del alto tribunal a pie, ha abandonado el mismo cerca de dos horas después en coche junto a su abogado y sin realizar ningún tioi de declaración a los numerosos medios de comunicación que se concentraban en la puerta.
Garzón ya compareció sobre este asunto en calidad de imputado el pasado mes de mayo.
Esta ha sido la cuarta vez que Garzón declara como imputado en el TS, después de que ya lo hiciera el 9 de septiembre de 2009 en la causa por investigar los crímenes del franquismo y el pasado 15 de abril en el procedimiento abierto para investigar los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
El Supremo investiga a Garzón por este asunto a raíz de una querella presentada por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del "caso Gürtel".
Peláez solicita 10 años de inhabilitación para el juez, mientras que la defensa de Correa eleva esta cifra a 17 años.
El juez, que trabaja actualmente de consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo por el Consejo General del Poder Judicial tras abrirle juicio oral el Tribunal Supremo en la causa por investigar el franquismo.
