En 1993, Garzón decide dar el salto a la política y es elegido diputado por el PSOE. Sin embargo, no obtiene una cartera en el Gobierno, a lo que aspiraba, y debe conformarse con una secretaría de Estado como delegado del Plan Nacional sobre drogas. Frustrado, abandona la política un año después y regresa a la Audiencia Nacional. Elabora el sumario del caso GAL que acaba con toda la cúpula de Interior, sus antiguos copmpañeros, en la cárcel. Tanto el hoy secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, como el diario "El Pais", se revuelven entonces contra Garzón. En 1995, en un editorial, el periódico le acusaba de extralimitarse en sus funciones, afirmado que "ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos".
Rubalcaba, en mayo de 1996, afirmaba que "Garzón no es el paladín de la independencia de la justicia que todos predicamos, ni es el mejor juez para el caso GAL". En otra entrevista le acusaba de tener un mono tremendo del Parlamento y la prensa. En noviembre de 1999, y ante la petición de Garzón al Supremo para ver si podía imputar a Felipe González, Rubalcaba afirmaba: "no somos tan ingenuos como para pensar que estas cosas suceden por casualidad". Hoy, tras la decisión del Supremo, el secretario general del PSOE afirma que la sentencia "le entristece", y recuerda su lucha conjunta contra ETA. Y "El Pais", en su editorial, califica la sentencia de disparatada y afirma: "la hipótesis de impedir el delito explica la actuación de Garzón". En definitiva, y tras un paréntesis de 17 años, lo que no valía con el GAL vale con el Gürtel.
MÁS REACCIONES SOBRE GARZÓN
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha reconocido hoy en su cuenta de Twitter que habría acatado la sentencia del Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón si hubiera tenido las debidas "garantías", pero a su juicio no ha sido así, pues se ha tratado de "un linchamiento personal y corporativo". "Acataría un proceso judicial con garantías, aunque no lo compartiera. Pero no acato un linchamiento personal y corporativo". Así escribe Llamazares en uno de los varios tuits que ha colgado de su cuenta personal de la red social.
Al margen de las respuestas que da a otros participantes en la red, el diputado de IU ha comentado extensamente lo que le parece la sentencia del Supremo que inhabilita a Garzón durante once años por haber cometido delitos de prevaricación y haber interceptado las comunicaciones de los abogados con sus clientes imputados en el caso Gürtel. La decisión por unanimidad del Supremo significa, para Llamazares, "una convergencia en la oscuridad del pasado" antes que una ejercicio de separación de poderes. En su opinión, a pesar de la sentencia del tribunal, Garzón es inocente, y la resolución que le condena, "una injusticia" y "una monstruosidad". Asimismo, para el diputado de IU, que los jueces del Supremo hayan firmado la sentencia por unanimidad es "un baldón" para esta alta instancia judicial, además de una situación que para el poder judicial resulta "una vergüenza". Este "linchamiento y este escándalo" lo llevará Llamazares a la Comisión de Justicia del Congreso, de la que es portavoz, para denunciar, según sus palabras, la "injusticia" cometida hoy contra un juez que comenzó las investigaciones del caso Gürtel y de los crímenes del franquismo, entre otras causas.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha destacado hoy, en referencia a la condena que inhabilita al magistrado Baltasar Garzón por prevaricar, que el Tribunal Supremo (TS) no ha juzgado la carrera judicial de este juez sino unos hechos determinados. Alonso ha reconocido, en una entrevista en Radio Euskadi, que la sentencia es "contundente y dura", pero ha precisado que la interpretación jurídica es "impecable" y que no ha habido "posiciones discrepantes" en el tribunal.
Ha descartado que el fallo tenga una "intencionalidad política" y ha recordado que el propio Garzón recusó a cinco componentes del tribunal, por lo que, en su opinión, la independencia "está garantizada". El diputado del PP ha añadido que, a partir de ahí, resulta "inevitable" que se politice este caso porque Baltasar Garzón "no es cualquier juez, es mediático y tiene una carrera dilatada... pero no se ha juzgado eso -ha precisado- sino ordenar escuchas en prisión a los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel, lo que, a juicio del tribunal, ha dañado el derecho de defensa de los imputados". Sobre las críticas hacia los magistrados que han juzgado a Garzón, Alonso ha hecho hincapié en que cuando se afirma que se respetan las sentencias "también hay que respetar al tribunal que las dicta". El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha señalado este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar a Baltasar Garzón refuerza el "derecho de defensa" y ha destacado la "independencia de los tribunales" que "siempre actúan de buena fe". En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Carnicer ha afirmado que "con toda seguridad" en la Abogacía existen "sentimientos encontrados" debido a la sentencia a Garzón. "Han sido compañeros los que han defendido y los que han acusado", ha explicado.
Asimismo, ha asegurado que la Abogacía esta "extraordinariamente preocupada" por el derecho de defensa, al que ha considerado "sagrado". "Ese derecho siguiendo la doctrina legal y jurisprudencial más autorizada ha sido nuevamente reforzado. No se puede intervenir las conversaciones entre abogado y cliente", ha concretado.
Por ello, ha indicado que "sería imprudente" realizar argumentaciones "en uno u otro sentido". "En este caso se ha mantenido y se ha reforzado esta defensa", ha apostillado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Al hilo de esto, ha confiado en "la independencia de los tribunales y siempre actúan de buena fe" pero ha recordado que "la justicia no es, como institución, más que el método de solucionar nuestros conflictos pacíficamente".
"El error judicial existe y también existen los recursos. Pero hay que acatar las resoluciones judiciales", ha añadido al tiempo que ha reclamado una regulación del derecho de defensa por parte del poder legislado. "La labor de legislar no es de los tribunales. La labor de los tribunales es interpretar y mal vamos si demandamos a nuestro jueces que legislen, entonces si que nos hemos cargado el sistema judicial", ha criticado
