García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo tras su condena
- Después de haber sido condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo después de haber sido condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales han confirmado a EFE la noticia, adelantada por 'El Mundo', de que el que fuera líder del Ministerio Público ha solicitado incorporarse a esta sección -una plaza dentro de la Fiscalía del Supremo- que, pese a su rango, es considerada una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática. Según fuentes consultadas, este era precisamente uno de los objetivos de García Ortiz.
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Con condición de fiscal de Sala, la máxima categoría profesional del Ministerio Público, García Ortiz llega al Supremo sin certezas sobre su futuro en la carrera fiscal.
La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a su situación: decidir si se le expulsa o se le suspende como fiscal, conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Supremo considera esta medida "excesiva", aunque reconoce que las "consecuencias extraprocesales de la condena" no son competencia suya.
La sentencia impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. Además, deberá pagar 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
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La Abogacía del Estado, que defendió a García Ortiz, tiene de plazo hasta este martes para presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, un paso que rara vez prospera en el Supremo, pero que permite agotar la vía jurisdiccional antes de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la Fiscalía del Supremo ya ha presentado dicho incidente, solicitando la anulación de la condena. En el escrito, María de los Ángeles Sánchez Conde -teniente fiscal del Supremo- se alinea con los votos particulares de las dos magistradas que se opusieron a la condena.
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Sánchez Conde sostiene que la sentencia vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz, al no considerar los testimonios de periodistas que probaron que ya poseían el correo del 2 de febrero de 2024 antes de que lo tuviera el fiscal general.
Además, recuerda que la difusión de la nota de prensa, en la que la Fiscalía trataba de desmentir una versión "sesgada y falaz" de la negociación entre González Amador y los fiscales que le investigaban por fraude fiscal, había quedado fuera de los hechos imputables, siendo considerada no punible por la propia sala.
