La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha decidido abrir diligencias de investigación por la denuncia interpuesta este martes por UPyD contra el actual secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, y su antecesor en el cargo, Manuel Pastrana, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía.
En este sentido, fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que, tras recibir la denuncia, ha sido la propia fiscal jefe de Sevilla la que ha decidido abrir estas diligencias de investigación, en el marco de las cuales deberá decidir si prosigue la investigación o remite la denuncia al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que ha incoado diligencias previas tras una denuncia parecida de Manos Limpias también contra UGT-A.
En la denuncia, consultada por Europa Press y que también va dirigida contra la secretaria de Administración de UGT Sevilla, Pilar Orellana, y el vicesecretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, UPyD solicita al Ministerio Público que investigue igualmente si la Junta "podría haber incurrido en responsabilidad penal por negligencia u omisión en el debido control de los fondos públicos y su destino por parte del funcionario público correspondiente".
Así, y en primer lugar, UPyD denuncia el "cargo del gasto de una cena y fiesta durante la Feria de Abril de 2010 a la subvención anual concedida a UGT para gastos de 'manutención y alojamiento' de miembros del sindicato implicados en negociaciones colectivas", señalando que el coste de la cena y la fiesta para 150 personas "fue sufragado íntegramente por UGT de Sevilla por importe de 12.716,23 euros".
Al hilo de ello, pone de manifiesto que la factura relativa a dicha cantidad, "al parecer, forma parte del expediente presentado en su día ante la entonces Consejería de Empleo" para justificar dicha "subvención anual" concedida y "abonada" al sindicato y ascendente "a la nada despreciable cantidad de 700.000 euros".
Martín de la Herrán asevera que "la presunta gravedad de los hechos radica en que la factura emitida por dicho ágape fue, al parecer, alterada por la federación provincial de UGT en Sevilla siguiendo instrucciones de la federación regional de UGT-A", según se desprende de una "reveladora" carta en la que Pilar Orellana "comunica" a Federico Fresneda que "le remitía las facturas correspondientes a las comidas de Feria", a las que "se había cambiado el concepto" siguiendo "las instrucciones supuestamente dadas por la federación regional".
De la factura "alterada" se desprende que su concepto "es el de 'comidas reuniones negociación colectiva', lo que "sería necesario para poder atribuir el gasto a la subvención otorgada por la Consejería de Empleo, cuando lo cierto es que se trataba de una fiesta con cena y barra libre en la caseta del sindicato en la Feria de Sevilla de 2010".
'EL BUS DE LA HUELGA'
En segundo lugar, UPyD denuncia el pago de 5.428 euros en concepto de 'diseño y rotulación del bus de la huelga', en referencia a la huelga convocada el 29 de septiembre de 2010 contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "para cuya promoción UGT-A habría encargado la rotulación de un autobús que recorrería diversas localidades andaluzas, animando a los trabajadores a secundar el paro".
Tras ello, en la factura se ordenó modificar el concepto por el de 'publicidad de los programas de desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a personas desempleadas', aunque en la segunda factura emitida "seguía apareciendo" el concepto inicial de 'bus de huelga' junto al de 'publicidad y acciones formativas'. "A pesar de dicha inclusión en la factura, esto no fue impedimento para que el coste de 5.428 euros fuera endosado en su totalidad a los gastos de un curso para la formación de monitores de educación ambiental'".
En tercer lugar, denuncia el pago de la adecuación del pabellón de San Pablo de Sevilla para la celebración de la asamblea regional de delegados sindicales de UGT y CCOO el 21 de enero de 2011 con cargo a los fondos destinados a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo provenientes de la Consejería de Igualdad de la Junta.
FACTURA DE CASI 12.000 EUROS
Según UPyD, el concepto de la factura, ascendente a 11.499,10 euros, fue modificado por el de 'publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo 2010', punto en el que llama la atención sobre el hecho de que la defensa legal de mujeres discriminadas por razón de su sexo "es un servicio gratuito costeado con fondos de la Consejería de Igualdad y gestionados por el IAM en colaboración con CCOO y UGT".
