La Fiscalía ha presentado un informe ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, el exconsejero de la Presidencia Francesc Homs y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones del 9 de noviembre de 2014.
El Tribunal de Cuentas ha recibido un escrito respaldado por diversas entidades, que la Fiscalía no identifica, en el que solicitan la apertura de una investigación contable de todo el proceso por el presunto uso de dinero público en la celebración de la consulta soberanista.
En su informe, el fiscal solicita a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor.
Los cuatros exmiembros del gobierno catalán citados en el requerimiento ya han sido juzgados por estos hechos. Todos ellos resultaron condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional, que prohibió la celebración de la consulta, y fueron absueltos del delito de prevaricación.
EL TRIBUNAL SUPRERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA INVESTIGARÁ AL EXCONSELLER GERMÁ GORDÓ POR EL CASO DEL 3%
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigará al diputado del PDeCAT y exconseller de Justicia, Germà Gordó, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos público y otros asuntos vinculados al caso del 3%. Según informa este órgano se declara competente para investigar al extitular de Justicia de la Generalitat y actual diputado en el Parlamento catalán, por lo que abrirá diligencias ante el aforamiento de Gordó.
El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) seguirá tramitando la causa contra el resto de investigados no aforados.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha designado como instructor, siguiendo el turno establecido, al magistrado Enric Anglada.
Según el auto hecho publico se admite la petición del juez del Vendrell porque aporta como nuevos indicios las declaraciones de varios empresarios y las de dos testigos protegidos.
Los empresarios confirman que, en sus agendas, se referían a Gordó, por aquel entonces secretario del Govern (2010-2012), con un alias.
Sin embargo, no se han podido cruzar los datos con su agenda oficial porque la Generalitat no la ha aportado por una migración de datos.
Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, expone el auto.
Presuntamente, requería a empresas que optaban a concursos públicos a realizar "cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona".
Así, habría conseguido que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros a ambas fundaciones en el 2012 a cambio de la adjudicación por el Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.
También habría seguido el mismo camino la adjudicación por la Autoridad Portuaria de Barcelona -la Generalitat forma parte del consejo de administración a una UTE formada por Copisa, COmsa, ACSA y Benito Arnó- por dos contratos que ascendían a 39,6 millones de euros.
Estas adjudicaciones se habrían hecho "después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas" con el consejero delegado de Copisa, Xavier Taulell.
Del mismo modo, según el auto, Gordó habría conseguido donaciones de 147.000 euros entre el 2014 y el 2015 a cambio de adjudicaciones de Gisa a la empresa Pasquina por 2,5 millones para mejorar la carretera C-55 y otro de 7,6 millones por el Departamento de Territori para señalizaciones en carreteras.
Gordó también habría obtenido, "aprovechando sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols, diversos regalos personales de la empresa Oproler por mediar" en adjudicaciones de Ginsa por un importe de 2.671.559 euros en unas obras en Manresa (Barcelona).
El caso 3% estalló en junio del 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) tras la denuncia de una concejala republicana de varias irregularidades en el consistorio que sigue investigando el juez del Vendrell.
