El instructor del expediente informativo abierto por la Universidad de Málaga (UMA) al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, argumenta su decisión de suspenderle provisionalmente de sus funciones por dos "faltas disciplinarias" derivadas de "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador y de "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".
Así lo refleja el expediente elevado a la rectora de la UMA, de nueve páginas de extensión y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor, Enrique Guerra, llega a señalar que el responsable del proyecto de investigación, Alberto Montero, –también objeto de expediente disciplinario– aporta como prueba del trabajo de Errejón un pen-drive en el que “existen ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo, momento en que fue contratado Errejón”, por lo que considera “necesario y conveniente” que este extremo sea valorado por especialistas del Servicio Central de Informática de la UMA.
En relación al lugar físico desde donde Errejón ha realizado los trabajos del proyecto de investigación, se destaca en el expediente que la cláusula 5º del contrato firmado contempla la posibilidad de ejecutar trabajos en un “lugar distinto” al centro de trabajo habitual, –la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA– “sin que ello desvirtúe la naturaleza del presente contrato, ya que dichos trabajos serán necesarios e imprescindibles para el proyecto de investigación”.
El propio Errejón comunicó al instructor, según recoge el informe, que habitualmente desarrolla su trabajo en Madrid, “en virtud de un permiso verbal del director del proyecto de investigación”. En concreto, detalló que suele trabajar en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
El director del proyecto justificó por su parte ante el instructor que Errejón desarrollase sus trabajos desde Madrid por “el acceso a bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga, especialmente en lo que a datos no digitalizados sobre censos de vivienda se refiere, y por la posibilidad de contactar directamente con actores implicados en la defensa del derecho a la vivienda”.
NO BASTA "UNA MERA AUTORIZACIÓN VERBAL"
Al hilo de ello, añade que, en el caso de que esta circunstancia hubiera sido “sobrevenida”, el cambio de adscripción del lugar de trabajo de Errejón, “el cual se ha producido de hecho, no puede resolverse con una mera autorización del investigador principal y responsable del proyecto, toda vez que el lugar de trabajo es un elemento básico de la convocatoria y del contrato de trabajo suscrito”.
