El exjefe de la UDEF obtuvo un botín de 32,6 millones por ayudar al narco

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha elevado a 32,6 millones de euros la cantidad que presuntamente habría obtenido el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez por la "cooperación" prestada a una supuesta red de narcotráfico que introdujo en España decenas de toneladas de cocaína.

Este inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid está en prisión provisional desde noviembre de 2024, cuando fue detenido y los investigadores descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes o techos de sus casas y en su puesto de trabajo.

Más de un año de pesquisas después, el magistrado ha decidido procesarle en un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, en el que constata los indicios de que el inspector percibió más dinero que el hallado inicialmente, en concreto 32.603.000 euros, según los análisis de teléfonos y dispositivos intervenidos y distintos informes policiales.

El juez también ha procesado a la mujer de Sánchez, también policía, y a su hermana por presunto blanqueo de dinero en una causa judicial en la que hace unas semanas ya propuso juzgar a su presunto líder, Ignacio Torán, y a Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención y al que se situó en Dubái, entre otros.

El próximo lunes el magistrado prevé tomar declaración al inspector, que pidió comparecer voluntariamente.

El juez expone los "indicios racionales" de que Sánchez "colaboró estrechamente" con Ignacio Torán para introducir en España "una cantidad estimada" de unas 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores desde 2020.

De esa cantidad, 1.605 kilos fueron incautados en Algeciras en mayo de 2021; y 13.062 kilos en el mismo puerto en octubre de 2024. Este último fue el mayor alijo intervenido en la historia del narcotráfico en España.

La función del inspector era, según el magistrado, facilitar la actividad de la red permitiendo "la introducción constante de cocaína" y "garantizando" su impunidad a cambio de dinero.

El juez habla de la "utilización fraudulenta" de las bases de datos policiales. Según el auto, el inspector introducía datos (matrículas, teléfonos, empresas...) en los sistemas de coordinación policial para conocer si la organización estaba siendo investigada por una unidad.

Así, evitaba que se investigara a sociedades utilizadas para la importación de los contenedores con cocaína, "fingiendo ser investigadas por él", y recibía alertas cuando otra unidad policial estaba investigando a algunas de las personas introducidas por él en las bases de datos.

Esto le permitía, presuntamente, alertar a la red o, si ninguna unidad estaba investigándola, se lo decía al presunto líder para que "diera vía libre a la importación de la cocaína".

Según el juez, el inspector avisó a Ignacio Torán de que se iba a incautar el primer contenedor con 1.605 kilos de cocaína en 2021, si bien ello no impidió la intervención, aunque el aviso permitió entonces la fuga de un procesado.

Años más tarde, "de manera sorpresiva" para el inspector, se detectó en un contenedor la posible existencia de cocaína oculta que llevó a la incautación del siguiente alijo de 13 toneladas de cocaína.

Pese a alertar al presunto líder de la red, tampoco evitaron la intervención de la droga, que solo la UDYCO de Algeciras sabía que iba en ese contenedor tras recibir información "de fuente humana" desde Ecuador.

Al perder esta cantidad de droga, el juez señala que Perikles D., "integrante de alto nivel de la organización" o "inversor que había financiado la exportación de droga" pidió pruebas de que la información que condujo a la aprehensión venía de Ecuador. Pruebas que, según la causa, Óscar Sánchez facilitó al presunto líder.

El juez recuerda en su auto que en el registro a la casa del inspector se halló una "ingente cantidad de efectivo escondido" en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos, cajas fuertes...

En total fueron 18.939.840 euros, que se suman a los 448.110 encontrados en su segunda residencia en Denia (Alicante) y a otros 896.400 euros escondidos en muebles en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El magistrado también recoge los indicios de que la mujer y la cuñada del inspector contribuyeron a blanquear el dinero que presuntamente venía de la droga y señala, por ejemplo, que la pareja pagó casi un millón de euros por el chalé de Denia mediante entregas en efectivo o transferencias desde una empresa, firmando una hipoteca de 130.000 euros.

Sus cuentas, además, estaban "alimentadas con ingresos de efectivo, abono de premios de lotería, rentas procedentes de una venta simulada de una plaza de garaje y un alquiler ficticio de la vivienda de Denia" y registraron el pago de otros 300.077 euros, concluye el auto.