El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado entre el 3 y el 13 de noviembre

El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, admitiendo las declaraciones como testigos del jefe de gabinete de la líder regional, Miguel Ángel Rodríguez, y del que fuera jefe de los socialistas madrileños Juan Lobato, entre otras 40 personas.

Así lo ha acordado el tribunal que juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrara a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.

Los siete magistrados, de mayoría conservadora, han decidido que, además de Rodríguez y Lobato, declararán como testigos el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo por unos hechos por los que las acusaciones -entre las que está la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales- piden entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce años de inhabilitación.

Álvaro García Ortiz, que será el último en declarar, está acusado de haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconocía "de común acuerdo" con su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda en su nombre en busca de un acuerdo que rebajase su petición de condena.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha negado desde el primer momento que haya indicios de delito y pide la absolución del fiscal general. También su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, mantiene su inocencia y asegura que "no ha existido hecho delictivo".

El Supremo ha fijado seis jornadas de juicio, en sesiones de mañana y tarde, en el que también declararán como testigos varios fiscales, periodistas y guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).