El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro Jose Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional, de manera que la vista oral arrancará previsiblemente en el mes de abril.
El Alto Tribunal ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama -
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita a la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.
La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.
Según las fuentes, lo previsible es que la vista oral arranque tras las vacaciones de Semana Santa y se demore de seis a ocho semanas debido al elevado número de testigos y pruebas a practicar.
En la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, la defensa de Koldo García cuestionó que el Supremo fuera competente para juzgar estos hechos, al considerar que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional tras renunciar el exministro a su escaño en el Congreso, una petición a la que se adhirió la defensa de Ábalos.
Y, además, solicitó que consultase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.
En caso de que el tribunal rechazase esta petición, como así ha ocurrido, advirtió de que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.